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Cáritas alerta del aumento de un 25% de las familias sin hogar en 2018 en Barcelona

La entidad reclama más políticas públicas de vivienda y el despliegue efectivo de la Renta Garantizada de Ciudadanía

Un asentamiento cercano al Teatro Nacional de Cataluña.
Un asentamiento cercano al Teatro Nacional de Cataluña.

El drama las personas sin hogar que viven en la calle, en coches, caravanas, en equipamientos sociales o en asentamientos de barracas, va en aumento en Barcelona. El Ayuntamiento contabilizó hace dos semanas a 3.395 personas en esta situación, casi el doble que desde el inicio de la crisis. Este jueves Cáritas Diocesana de Barcelona ha alertado de que la falta de políticas públicas de vivienda, el difícil despliegue de ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía y el alto precio del alquiler han hecho que la precariedad se haya "instalado como forma de vida para muchas personas", en palabras de Salvador Busquets, director de la entidad. En lo que llevamos de 2018 ha aumentado un 25% el número de familias sin hogar que atiende la entidad. Cáritas, que en 2017 gastó en el ámbito de la vivienda 1,3 millones de euros, casi la mitad de su presupuesto de ayudas económicas, reclama más políticas públicas por parte de las Administraciones.

Desde el inicio de la crisis económica, las personas atendidas por Cáritas en Barcelona se han más que duplicado, de 9.692 en 2007 a 22.635 personas en 2017. La cifra del año pasado, revelada este jueves en la presentación de la Memoria de 2017 de la entidad, es un 1% mayor que la del año anterior. Esto demuestra, según Busquets, que las señales de recuperación económica se dan en el plano macroeconómico no tienen un correlato en las familias más necesitadas, que ven aumentar la desigualdad. 

Del total de atendidos en 2017, Busquets ha destacado que el 53% de las familias no cuenta con una vivienda digna, un aumento de más del 5% con respecto al año anterior. De este colectivo, una cuarta parte vive en habitaciones realquiladas, que en Barcelona pueden llegar a costar más de 900 euros. Casi 2.000 familias viven en pisos de entidades sociales o de acogida y más de 300 en viviendas ocupadas, mientras que 743 familias viven sin hogar. Esta última cifra es un 36% mayor que en 2016, y sigue aumentando en lo que llevamos de 2018: las familias sin hogar atendidas por Caritas han aumentado un 25% en los últimos meses. La mitad de las personas sin techo que atiende el Ayuntamiento de Barcelona hace menos de tres meses que están en la ciudad, un fenómeno de "efecto llamada" que Cáritas ha explicado, en parte, por la variedad de ayudas sociales que presta el consistorio.

"En Barcelona, el hecho diferencial en la pobreza es tener o no tener vivienda", ha recordado el director de Cáritas, acompañado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. La entidad ha criticado con dureza las políticas públicas en Barcelona y Cataluña en materia de vivienda. "Se perdió una oportunidad de oro cuando, después de financiar los bancos y crear la Sareb, no se promovió que los pisos vacíos que quedaron con la crisis se convirtiesen en pisos sociales", ha lamentado Busquets, quien ha puesto deberes a las administraciones: "Hay que hacer una auténtica política de vivienda pública, destinar recursos de manera continuada".

La entidad considera que debería incrementar el parque de vivienda social del actual 2% al 15%, de acuerdo con la media europea. "Necesitamos que todas las fuerzas políticas blinden una solución, que tendría que ser de, como mínimo, 1.500 viviendas públicas en Barcelona cada año durante los próximos diez años", ha detallado el director de Cáritas. El Gobierno de la alcaldesa Ada Colau se comprometió a construir 1.000 viviendas sociales al año, algo que no ha podido cumplir. 

Cáritas también ha alertado que la situación de precariedad y el problema de las familias sin hogar ya no se solucionan con el simple hecho de tener un trabajo: el 12% de los trabajadores catalanes se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. "Por eso también pedimos que aumente a 1.000 euros el Salario Mínimo Interprofesional y que se despliegue sin restricciones la Renta Garantizada de Ciudadanía", ha añadido Busquets.

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), aprobada hace casi un año en el Parlament y puesta en marcha el pasado mes de septiembre, solo tiene a 1.000 nuevos beneficiarios de los 31.000 expedientes tramitados. Cáritas y otras entidades sociales han denunciado que esta ayuda, que fue un "motivo de esperanza", tiene restricciones que hacen dudar de su beneficio para las familias. Por ejemplo, se han denegado solicitudes porque se computan las ayudas al alquiler, o porque la prestación no es complementaria con los salarios, aunque sean bajos. Cáritas ha recordado que el alto precio del alquiler en Barcelona obliga a replantear estos requisitos. 

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