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La policía registra la Asociación Catalana de Municipios por el desvío de fondos para el ‘procés’

El consejero de Interior, Miquel Buch, presidió el ente municipalista hasta 2018 pero no figura entre los investigados

La Policía Nacional registra un furgón de los Mossos que se dirigía a una incineradora el 26 de octubre de 2017.
La Policía Nacional registra un furgón de los Mossos que se dirigía a una incineradora el 26 de octubre de 2017.

La Policía Nacional ha registrado este lunes la sede de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) por orden del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona por un supuesto desvío de fondos públicos para financiar el procés, según ha adelanto El Confidencial y han confirmado fuentes policiales. No se han producido detenciones hasta el momento. La investigación trata de acreditar si la ACM desvió dinero para sufragar el viaje de diversos alcaldes a un acto organizado por el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas, según fuentes de la investigación.

Se trata de una investigación de más de un año desarrollada por la Comisaría General de Información (CGI) y que se centra, sobre todo, en los años 2016 y 2017. Durante ese periodo aún era presidente de la entidad el actual consejero de Interior catalán, Miquel Buch, aunque fuentes de la investigación han descartado que se encuentre entre las personas investigadas, dentro de unas diligencias que están declaradas secretas. Buch fue presidente de esa entidad entre 2011 y 2018, antes de pasar a formar parte del Gobierno de Quim Torra.

Fuentes policiales han confirmado también que en Vic (Barcelona) se está produciendo un segundo registro en una agencia de viajes dentro de la misma operación. La ACM es un ente municipalista constituido en 1981 precisamente en Vic para defender los intereses de los municipios y de los ciudadanos catalanes. Gestiona algunos servicios públicos relativos a la enseñanza, los servicios sociales, la sanidad y la cultura.

La investigación, según fuentes cercanas al caso, estaría centrada en la llamada "central de compras", una especie de consultoría ad hoc de la entidad a través de la cual los ayuntamientos que forman parte de la ACM obtendrían un beneficio extra para dedicarlo a actividades ligadas con el procés. De tal modo, que para obtener una licencia de obra en un municipio, por ejemplo, se les derivaba a esa asesoría para que les realizara (previo pago de un porcentaje) una especie de proyecto. Después la entidad revertía una parte del ese dinero recaudado a los ayuntamientos para financiar actividades ligadas al procés. Una suerte de mecanismo por el que el dinero iba y volvía de ese modo indirecto.

En los últimos tiempos se ha alineado con la estrategia independentista del procés organizando viajes de apoyo al expresidente fugado en Bélgica, Carles Puigdemont, según las mismas fuentes. La Fiscalía investigó con anterioridad la naturaleza de esos viajes.

En septiembre de 2018, la Fiscalía Superior de Catalunya archivó unas diligencias de investigación por un acto de 167 alcaldes catalanes en Bruselas (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont celebrado el 7 de noviembre de 2017. Entonces, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio afirmó que no había indicios de que los gastos del viaje, estancia y alquiler del local que acogió el acto de los alcaldes "procedieran, ni en todo ni en parte, de fondos públicos de sus respectivos consistorios", señala Europa Press.

Ese viaje y el acto en sí fueron organizados por la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y la ACM, con un coste de 63.870 euros y 13.322, respectivamente, según indicó la ACM al ministerio público.

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