Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Comunidad destina más de dos millones del Pacto de Estado contra la violencia de género a publicidad

Organizaciones feministas y partidos políticos en la oposición creen que este es un ejemplo de mal gasto de los fondos estatales y recuerdan que la región tiene sin gastar todavía 17 millones

Concentración en la Puerta del Sol de Madrid contra las violencias machistas en septiembre de 2019.
Concentración en la Puerta del Sol de Madrid contra las violencias machistas en septiembre de 2019.

19 millones de euros. Esa es la cifra que la Comunidad de Madrid no ha gastado de lo recibido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en 2018 y 2019. A finales de octubre, solo se habían ejecutado 1,7 millones de los 20,7 ingresados, una cantidad que coloca a la región como la tercera que más dinero recibe, por detrás de Cataluña y Andalucía. Lo denunció Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos en el Gobierno de coalición con el PP, como un balance "tremendamente dañiño" que habían dejado como herencia los populares. Ahora, a menos de dos meses de que acabe el año, desde la consejería de Reyero se han aprobado tres contratos publicitarios por 2.309.389,10 euros para campañas publicitarias: uno dirigido a los profesionales sanitarios por 559.998,03 euros, y otros dos, uno para medios impresos y otro para medios online, por 1.249.391,07 euros y 500.000 euros, enfocados a la ciudadanía.

La gestión de esos fondos por parte de los gobiernos de Cristina Cifuentes primero y Ángel Garrido después dieron como resultado el desuso de un dinero que, de forma continua, plataformas, asociaciones y colectivos feministas reclaman como imprescindible para asuntos urgentes que atender en la región, como la mejora de los protocolos de coordinación o de la red de recursos, que también incluye a las organizaciones que trabajan contra esta violencia. Entre ellas la Federación de Asociaciones Nacionales de Mujeres Separadas y Divorciadas y la Federación de Mujeres Progresistas, que el pasado septiembre denunciaron que habían dejado de recibir hasta tres cuartas partes de la subvención que venían recibiendo, el 75% menos la primera, el 33,85% menos la segunda.

Ahora, representantes de esas organizaciones recuerdan que las campañas de prevención, aunque necesarias, no son la forma de gastar “corriendo” un dinero que ha de servir para garantizar la eficacia y la eficiencia de las medidas contenidas en el Pacto, “no solo sensibilización, también prevención, atención y formación de quienes trabajan en este ámbito”, apunta Lidia F. Montes, de la Plataforma 7N contra las violencias machistas. “Este es un ejemplo de mal gasto de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género”. Montes está convencida de que “con la premura del cierre del año presupuestario” es como se saca una licitación para una nueva campaña de publicidad: “Parece que no encuentran medidas en las que invertir los fondos”. Lourdes Hernández, presidenta Foro de Madrid Violencia contra las Mujeres, se lamenta de “los millones que andan rondando por ahí, sin gastar, cuando hay infinidad de medidas que poner en marcha”. Se pregunta qué va a ocurrir con ellos.

Lorena Morales, la diputada y portavoz socialista de la Comisión de la Mujer, que ha tratado este jueves en el pleno de la Asamblea una pregunta sobre el estado de la ejecución de los fondos, apuntaba que estos contratos a principios de noviembre son “una pillada de toro”: “No nos los hemos gastado y vamos a hacerlo de aquella manera, quizás es lo más sencillo para ejecutar, no sé yo si lo más adecuado”. Y relata varios ejemplos de otras aplicaciones para los fondos. Entre ellos la creación de un Instituto de Medicina Legal, —Madrid es la única comunidad que aún no tiene—, que es el paraguas de las Unidades de Valoración Forense Integral (equipos con profesionales de medicina forense, trabajo social y psicología para valorar adecuadamente el riesgo de las víctimas de violencia de género), que en Madrid tampoco está correctamente constituida. “Esto es muy grave”, explica Morales, “porque se puede vincular a que somos la segunda región en denegaciones de órdenes de protección. Los profesionales lo vinculan a esta falta de recursos, en concreto a la falta de estas unidades, fundamentales a la hora de valorar la peligrosidad y disponer las medidas de protección necesarias”. En la comunidad, cifra la socialista, casi el 50% de las solicitudes de órdenes de protección son denegadas.

Las comunidades saben exactamente cuándo y cuánto les será ingresado del Pacto de Estado: el primer pago de este 2019, el 50%, se hizo en junio, el otro 25% en septiembre y un último 25% entró el 30 de octubre. “Tenían tiempo de haber previsto, primero Cifuentes, luego Garrido y ahora este Gobierno, que tiene un mensaje en este ámbito que nosotros apoyamos pero que luego no coincide con los hechos”, espeta Morales.

En un intercambio de "culpas" y "responsabilidades", dos términos que han sacado a colación todos los grupos parlamentarios en la Asamblea, el PSOE ha incidido en el retraso en tomar medidas y decidir actuaciones concretas para ejecutar el dinero y ha puesto como ejemplo al gobierno de Castilla y León, "que ya ha gastado el 100% del dinero". "Porque, aunque no quede políticamente correcto, esto no es tanto de partido político como de voluntad". Una voluntad que, según ha afirmado Reyero, se encontró de frente con la "gestión del gobierno anterior y la complejidad de los procedimientos administrativos que llevan meses de trabajo".

El consejero de Ciudadanos ha informado de que el próximo 20 de noviembre tendrán una reunión con todas las viceconsejerías para que presenten sus líneas de trabajo y ha adelantado algunas de las cuestiones en las que asegura estar trabajando ya, como campañas de prevención para mujeres vulnerables que tengan como objetivo reconocer las señales de alerta de la violencia machista, la apertura 24 horas de los puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, mejorar la red de atención integral a las víctimas, que haya psicólogos infantiles en los puntos municipales del observatorio o un convenio con el consorcio de transportes para que las víctimas de violencia de género posean un abono. Mientras, queda un mes y medio para que acabe el año y todavía no está claro qué sucederá con el dinero de los fondos.

Por ellos también se interesó la diputada de Vox Alicia Rubio, pero en otros términos. En línea con el discurso habitual del partido de ultraderecha habló de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, a la que calificó de "injusta e ineficaz" porque "no solo no se han salvado vidas sino que se ha vulnerado el derecho de miles de hombres". La realidad es que en 2003, cuando se empezaron a contabilizar de forma oficial las víctimas mortales de la violencia machista, hubo 71 asesinatos. En 2018, 50. En 2009, que comienza el registro de denuncias por maltrato de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, hubo 135.539. El pasado año, 166.961. Y también desde 2009 han ido creciendo de forma exponencial los dispositivos de seguimiento activos implantados en maltratadores: 153 aquel año, 1.183 en 2018. Cifras que reflejan la paulatina visibilización de la violencia de género y el aumento de las medidas tomadas para luchar contra ella.

Ya por la tarde, tras el receso para comer en la Asamblea, la diputada de Vox siguió. Cuando se debatía la Propuesta No de Ley del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Izquierda Unida y Madrid en Pie para tomar medidas contra los estereotipos sexistas en la escuela, Rubio, que cree que hay que impedir que los niños y adolescentes tengan acceso a educación sexual y afectiva, espetó: "El feminismo es un cáncer". "Yo pondría como asignatura obligatoria, en vez de feminismo, costura (...) empodera mucho coser un botón", ha añadido Rubio, quien ha dicho estar preocupada por el "lesboterrorismo" y el "pornofeminismo".

El intercambio verbal entre varias diputadas contra Rubio se hizo intenso y fue entonces cuando la socialista Sonia Conejero hizo un recordatorio dirigiéndose al Partido Popular y Ciudadanos: "Recuerden que si están gobernando en la comunidad es gracias a los diputados que tienen sentados ahí detrás". Los de Vox.

La Asamblea rechazó la proposición, que entre otras medidas pretendía que se garantizara la libertad de elección de los alumnos entre vestir falda o pantalón en casos en los que vistan de uniforme, e incluir en el currículo escolar en todas las etapas educativas una asignatura de educación en valores desde la que se abordara la igualdad de género y el papel de la mujer en la historia.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >