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Procesados dos responsables por la venta de pisos públicos a fondos buitre en la época Botella

Se vendieron 1.860 inmuebles y la instrucción del caso apunta al exgerente de la Empresa Municipal de Vivienda así como al representante de Fidere

Bloque de viviendas de alquiler social en Carabanchel vendidas al fondo buitre Fidere cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid.
Bloque de viviendas de alquiler social en Carabanchel vendidas al fondo buitre Fidere cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado este lunes que Fermín Oslé, exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), y Alfonso Benavides, apoderado del fondo Fidere, parte del conglomerado de Blackstone, vayan a juicio por la presunta venta irregular de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión. La operación se realizó en 2013, cuando Ana Botella (PP) era alcaldesa de Madrid.

En el auto, los magistrados de la Sección 30, acuerdan desestimar sendos recursos de los acusados y procesarles por las posibles irregularidades de la venta. La Audiencia de Madrid reabrió este caso el pasado mayo después de que fuese archivado. Los magistrados concluyeron que existían "indicios suficientes" de delito. Oslé y Benavides están acusados de un posible delito de prevaricación administrativa. También, de malversación de caudales públicos y fraude. La sala investiga si el proceso de venta fue dirigido  —y facilitado— para que Fidere se hiciese con los inmuebles. Es decir, si el fondo contó con información privilegiada a la hora de realizar su oferta. La investigación se centra en "si la negociación previa y la transmisión se llevó a cabo respetando los principios aplicables a la contratación pública", según recoge el auto con fecha del 5 de diciembre, y "no mediante la creación de una mera apariencia de libre concurrencia, que no real".

La venta de inmuebles se realizó en octubre de 2013, cuando el Ayuntamiento vendió 18 promociones inmobiliarias —donde había 1.860 viviendas públicas— a dos fondos buitre del grupo Fidere por 128.500.000 euros. A su vez, Fidere es parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. En diciembre de 2018, el Tribunal de Cuentas sentenció que esa venta se hizo por debajo de mercado generando “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros. En las conclusiones del dictamen —que además de Oslé condenó a otros seis ediles del equipo de Botella así como a la exalcaldesa— se consideró probada la aportación de información privilegiada al fondo: se realizó “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. El Tribunal, además, determinó que la venta se hizo por debajo del precio de mercado. Medio año después, en julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena emitida y absolvió a Ana Botella y al resto de condenados.

A la vez, la causa estaba siendo investigada por el juzgado de instrucción 38 de Madrid; en enero de este año concluyó que no existían elementos suficientes para continuar el procedimiento. Esa decisión fue recurrida por el Ayuntamiento —con Manuela Carmena al frente y a través de la propia EMVS—, por el PSOE de Madrid, así como por la Asociación de Afectados. La Audiencia reabrió el caso al considerar que se podía haber cometido un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Un mes después de la reapertura, la sala estableció unas contundentes medidas cautelares: entre ellas, la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial.

Por su parte, el pasado septiembre, el Ayuntamiento, ya dirigido por Martínez-Almeida, cesó a la directora de los servicios jurídicos de la EMVS. Un cese que llegó en medio de la preparación del recurso municipal al archivo de la condena que inculpaba también Ana Botella realizada por el Tribunal de Cuentas. De hecho, el auto de procesamiento resalta que no se puede establecer comparaciones entre la investigación penal —actualmente en curso— y la del Tribunal de Cuentas, "donde se enjuiciaba, exclusivamente, la responsabilidad contable de quien tenía a su cargo el manejo de fondos públicos". “Es una noticia muy positiva”, ha remarcado Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de afectados por la venta de pisos de la EMVS. Mejías celebró también que Botella acuda “al menos a testificar" aunque considera que la exalcaldesa tiene una mayor responsabilidad en el asunto. “Después de tantos años de lucha y de sentir que la justicia no defiende a los más vulnerables, esto da un hilo de esperanza”, ha agregado Mejías.

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