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Los letrados dejan en manos de Torrent la decisión sobre el escaño de Torra

El 'president' sale en defensa del presidente del Parlament y denuncia que se le está "coaccionando"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una reunión el miércoles.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una reunión el miércoles. EFE

No habrá un nuevo informe de los letrados del Parlament sobre la situación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, después de que el Tribunal Supremo haya decidido ayer jueves retirarle el acta, como determinó la Junta Electoral Central (JEC). Los letrados de la Cámara se han reunido este viernes para analizar los diferentes escenarios y fuentes de la institución aseguran que no habrá un nuevo documento y que la decisión de qué pasará será netamente de tipo político, es decir, la ha de tomar el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent. La oficina de Torra ha salido en defensa de Torrent y ha denunciado a través de un comunicado que se le está sometiendo a "coacciones" para que acepte la decisión de la JEC.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona dio el jueves 48 horas al secretario de la Cámara catalana para que comunique qué representante de Junts per Catalunya sustituirá al president en su escaño y, si no lo hace, será el propio organismo el que designará de oficio el relevo. Sin embargo, Torra lo dejó claro el mismo jueves desde Girona al conocer el fallo: “Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía y lo ratificó el Parlament”.

Por lo pronto no habrá un nuevo informe jurídico, pues esas mismas fuentes del Parlament dicen que no hay un encargo oficial ni de la Mesa, ni de la presidencia, ni del pleno, ni del secretario de la Cámara, los único que pueden pedirlo. La JEC había sugerido que fuera la Cámara la que decidiera si se puede seguir siendo president pese a no ser diputado. Esto implicaría que Torra no votara en los plenos, pero seguiría participando, por ejemplo, en las sesiones de control. El entorno del president, sin embargo, no da señas de querer renunciar al escaño. Torrent, por su parte, ha guardado silencio en las últimas horas, una posición que contrasta con la defensa sin fisuras que había hecho en las últimas semanas.

El próximo lunes se celebrará un pleno a partir de las 15.00. Dos horas y media antes se reunirá la Mesa de la Cámara para estudiar las peticiones de Ciudadanos y PP para hacer efectiva la resolución judicial que avala lo determinado por la JEC, de manera que Torra deje de ser diputado y tome posesión el miembro de la lista de Junts per Catalunya que le ha de sustituir. El PSC reclamó ayer al presidente del Parlament que encargara un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que esté listo antes del pleno, pero no ha sido estimada la petición. Los socialistas pretendían así que se aclarase el alcance que tiene la decisión judicial sobre la situación de Torra como diputado y su condición de presidente.

En un comunicado, la oficina del presidente de la Generalitt ha denunciado "las presiones a las cuales se quiere someter al presidente del Parlament y otros miembros de la Cámara que defienden la soberanía del Parlament". "El presidente de la Generalitat cuenta con toda la legitimidad (...) y atribuirle un posible delito de usurpación de funciones no solo demuestra la ignorancia profunda del Derecho Penal, sino que se esgrime para coaccionar a aquellos que defienden la soberanía del Parlament". Torra, además, abre la puerta a acciones legales por un supuesto delito de calumnia.

Los servicios jurídicos del Parlamento catalán emitieron un informe el pasado día 14 en el que consideraban que la Junta Electoral Central "no es competente para cesar al diputado" Quim Torra y que solo el Parlament puede ejecutar esta decisión. En ese mismo texto aseguraban que aunque se produjera la pérdida de la condición de parlamentario, que es lo que el jueves decidió el Tribunal Supremo, Torra seguiría siendo presidente de la Generalitat.

Antes de ese informe, el letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, había firmado otro documento el 31 de diciembre con motivo de las alegaciones presentadas ante la Junta Electoral Central en el que sostenía que "la pérdida de la condición de diputado conllevaría también la pérdida del cargo de president de la Generalitat", pues es requisito indispensable ser parlamentario para ser el jefe de Gobierno en Cataluña.

Más allá de las opiniones jurídicas, Torrent se encuentra de nuevo en una encrucijada complicada con el riesgo de incurrir en desobediencia si no acata la decisión del Tribunal Supremo y permite la continuidad de Torra como diputado. De ahí que es más que previsible que antes del próximo lunes intente pactar con el presidente de la Generalitat una salida del complicado escenario político que se ha abierto tras el auto judicial del jueves.

Budó defiende que Torra sigue siendo diputado

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha insistido este viernes en que Torra sigue siendo tanto diputado como presidente de la Generalitat. "Nada ha cambiado", ha asegurado durante una rueda de prensa en el Palau, en la que se valoraban las consecuencias de la tormenta Gloria.

A preguntas de los periodistas, Budó ha dicho que la decisión del Supremo se limita a rechazar las medidas cautelares solicitadas por Torra y que tanto el Govern como el Parlament siguen defendiendo el criterio de que la JEC no tiene competencias para retirar el acta de diputado al president.

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