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Tribuna:

Mil Disneylandias

Las recientes declaraciones del señor Rebolledo, vicesecretario de Exteriores de México, denunciando el «turismo revolucionario» de los observadores italianos expulsados por su Gobierno y resumidas en el titular No toleraremos que Chiapas sea una Disneylandia son una buena excusa para volver sobre el problema de fondo.Me parece difícil negar que, en la efervescencia de la ola de solidaridad que parece dominar un Norte tan opulento como cada vez más acomplejado por su mala conciencia, haya piratas que naveguen obteniendo provecho de esa nueva mercancía. Por supuesto que, para algunos desaprensivos, lugares como Chiapas u otros similares pueden llegar a promocionarse como destino de «turistas solidarios», nostálgicos de Mayo del 68 o de tantas derrotas de la revolución permanente, un filón casi virgen. A fin de cuentas, es la diversificación que impone el mercado: para los recién casados, Cancún. Para las parejas con niños y posibles, alguno de los parques temáticos que crecen como hongos en nuestras geografías. Si se trata de aventureros, giras por las ex repúblicas soviéticas, como describiera genialmente Forges hace unos meses. Para los amantes de emociones fuertes, viajes en avión por esas mismas ex repúblicas. Y lo dicho, si uno pertenece a ese grupo de «solidarios» o nostálgicos, Chiapas.

Casi da vergüenza tener que insistir en que la mayor parte de los observadores y cooperantes internacionales presentes en esa zona no parecen responder a ese cliché, groseramente difundido hace unas semanas y que ha rozado el esperpento al llegar a hablar de «turismo sexo-revolucionario». Tuve la oportunidad de participar en un seminario organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México precisamente a lo largo de la semana en la que se produjeron esos hechos y se llevó a cabo la expulsión de los observadores italianos. Lo que pude leer, escuchar y discutir -con toda libertad, por cierto- me lleva a una conclusión muy diferente de la versión oficial del Gobierno de Zedillo y mucho más próxima a las tesis hechas públicas por la misión de parlamentarios canadienses, particularmente crítica con la situación de los derechos humanos en ese Estado del sur de México, tal y como expuso su portavoz, Jacques Saada, en rueda de prensa en la Embajada de Canadá en la capital mexicana, el pasado 11 de mayo: en su recorrido por Chiapas, los parlamentarios pudieron constatar «miedo, miseria abyecta y violaciones a los derechos humanos..., una pobreza más allá de cualquier descripción... y la desconfianza de las partes hacia las negociaciones de paz». Quizá no se ha insistido suficientemente en el hecho de que lo que está en juego no es sólo poner fin a las violaciones de derechos humanos individuales de quienes pueblan esa región, aunque, por supuesto, eso es imprescindible. Tampoco se trata sólo de que la situación en Chiapas sea de hecho un conflicto bélico, una guerra no declarada cuyas primeras víctimas son los indígenas de ese Estado, tal y como concluyó la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos que visitó México en febrero de 1998 en un informe aterrador del que se hizo eco el manifiesto Parar la guerra, difundido en varios países europeos, como el nuestro.

El problema tiene, en efecto, otra dimensión profunda, que arranca mucho antes de la aparición del EZLN en 1994, pues se trata de una fractura social y política que afecta a los orígenes mismos de la revolución mexicana, que a comienzos de siglo significó una esperanza en el ámbito de la ciudadanía social y política de los campesinos y obreros, pero quedó casi inédita en lo que se refiere a las poblaciones indígenas, sobre todo en Estados como Oaxaca o Chiapas, pues no les alcanzaron ni el ambicioso plan de Ayala ni las reformas agrarias consolidadas por Lázaro Cárdenas. La piedra de toque ha sido, y lo es aún, la ausencia de una voluntad política de poner fin al régimen de oligarquía y caciquismo en esos Estados, que ha servido para mantener una situación de dominación ilegítima e impunidad, que ha supuesto el expolio de la tierra a quienes, de conformidad no sólo con su propia tradición, sino con los mandatos constitucionales, eran -son- sus legítimos dueños, las comunidades indígenas.

Pues bien, resulta que los mismos que apenas movieron un dedo durante más de setenta años para propiciar avances en la igualdad de quienes de hecho y de derecho estaban excluidos y constituían ciudadanos de segunda, los indígenas, ahora son los que claman por el peligro que supondría para la igualdad republicana el reconocimiento de la autonomía y la diferencia cultural de sus comunidades. Quienes así se pronuncian reproducen la incapacidad del discurso liberal al uso para comprender que hoy no podemos hablar de igualdad sino desde la diferencia, que el gran reto es hoy conciliar igualdad y pluralismo.

En efecto, lo que está en juego es el derecho de los indígenas a ser miembros de la soberanía y a ser sujetos de derechos, desde su identidad cultural. Para ello sería necesario romper con la lógica monista que quiere sociedades homogéneas como condición de la existencia de cuerpos políticos, definidos como formaciones cerradas en torno a la unidad de la patria y del soberano. Una lógica que nunca ha tomado en serio el pluralismo político como elemento de legitimidad, pues, al contrario, hace de la condición plural un obstáculo para la ciudadanía. No nos equivoquemos, pues. Como en tantos otros casos de conflicto multicultural, la dificultad no reside en la inaceptabilidad de unas diferencias incompatibles con nuestra concepción (¿universal?) de los derechos y con las reglas de juego de la democracia. Los problemas no surgen tampoco de la ausencia de instrumentos para encajar los derechos colectivos reclamados por esas comunidades. La cuestión es mucho más elemental: reconocer el derecho de esos individuos y de sus grupos a participar en la toma de decisiones y en la distribución de la riqueza desde su identidad, y no abjurando de ella para desarraigarse y pasar a engrosar los grupos de excluidos que forman los grandes cinturones de miseria de las megalópolis. El problema es, en Chiapas, reconocer el derecho de los indígenas a la tierra y a su relación con ella. Reconocer su derecho a autonomía como autoorganización social y autogobierno, perfectamente conciliable con su pertenencia a una entidad política superior, la República de México.

Los acuerdos de San Andrés fueron un breve momento de esperanza, pues auspiciaban el reconocimiento de la autonomía indígena y la propuesta de reformas constitucionales que había de desarrollar la Cocopa -Comisión para la Concordia y la Paz, con participación de todos los partidos representados en el Parlamento. El Gobierno de Zedillo, de hecho, no aceptó esas reformas, alegando su incompatibilidad con la igualdad y la unidad del Estado. La estrategia del Ejecutivo ha sido comparada con acierto con la de la Democracia Cristiana en El Salvador en los ochenta: la militarización creciente, el recurso a una propaganda que cada vez más trata de presentar dos bandos en conflicto; de un lado, el EZLN, y de otro, los paramilitares y los priístas al servicio del caciquismo. Al tiempo, se recrudecen los esfuerzos por descalificar al EZLN y a la CONAI, que preside el obispo Samuel Ruiz.

La conclusión sería que los campesinos e indígenas son víctimas de unos y otros, luego el Estado es la única esperanza de paz. En realidad, ese planteamiento es la coartada para actuar sólo contra una de las partes, el EZLN («liberar Chiapas es liberarlo del EZLN», clama Roberto Albores, gobernador por el PRI en ese Estado). Por tanto, el objetivo a combatir, desde una lógica cada vez más exclusivamente militar, son las experiencias de autogobierno y gestión de la tierra que se están ensayando en 38 municipios declarados «autónomos» por los zapatistas, de los 111 que existen en Chiapas. Así se entienden los ataques contra las comunidades de Amparo Aguatinta, Taniperla, Acteal, Ricardo Flores Magón y otras (las que trataron de visitar los observadores italianos), que han provocado decenas de muertos, heridos y desaparecidos y miles de desplazados.

Acabaremos pensando que el señor vicesecretario había dado paradójicamente en el clavo: parafraseando al Che (y en la distancia que revela la paráfrasis está la diferencia entre las utopías de los sesenta y las reformas de los noventa), quizá lo que necesitamos son mil Disneylandias -Argelia, Afganistán, Colombia, Indonesia, Kosovo, Kurdistán, Timor...- que sirvan para promocionar la presencia de observadores internacionales que ayuden a evitar la impunidad, que contribuyan a que nos tomemos en serio que los derechos humanos son universales; es decir, a que visualicemos también los derechos de aquellos seres humanos que no son visibles en el mercado mediático.

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 22 de junio de 1998