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Tribuna:

Pedagogía jurídica frente a la impunidad

La Universitat de València inviste el jueves 12 de noviembre como doctor honoris causa, junto al prestigioso hispanista J. Elliot, al filósofo Ernesto Garzón Valdés. La coincidencia de este nombramiento con un contexto internacional dominado por la más significativa iniciativa contra la impunidad adoptada en los últimos años (si se exceptúa la conferencia de Roma sobre la creación del Tribunal Internacional Penal permanente), la requisitoria del juez Garzón contra el general Pinochet, me parece una buena oportunidad para ofrecer una reflexión -otra más- sobre el particular.Como profesor de Derecho -de Filosofía del Derecho, para más inri-, hay pocas cosas más difíciles de sobrellevar en la actividad docente que la existencia de zonas o mecanismos de impunidad. No sé si el lector se ha planteado el desasosiego que nos produce tratar de explicar a los estudiantes que nos hemos inventado ese instrumento, el Derecho, para intentar organizar pacíficamente la interacción humana, para someter a control el uso de la fuerza, especialmente por parte de los más poderosos (y eso no afecta sólo al Poder con mayúscula, al Estado) sin que al hacerlo así esos mismos estudiantes no nos tomen por estúpidos o cínicos ante el brutal desmentido de los hechos a nuestras explicaciones. Por eso, hace ya años que comienzo las clases con dos referencias clásicas: el texto de Eurípides (recogido luego por Brecht) que aconseja "búscate un buen abogado que te permita pasar entre los agujeros de la red de las leyes" y el alegato de Michael Corleone en la espléndida tercera parte de El Padrino, cuando explica que no necesita gánsteres, sino abogados, para blanquear dinero y entrar en el verdadero negocio, el de las multinacionales.

La existencia de márgenes de impunidad es siempre un déficit en la legitimidad, o cuando menos en la eficacia del Derecho. Por eso es tan importante intentar reducirlos, entre otras razones, si no queremos que, vista la incapacidad jurídica, asome el viejo argumento del talión, de la venganza, de la fuerza. Porque evitar la impunidad no es una cuestión de venganza, de represalia, sino de restablecimiento del imperio de la ley, del respeto al Derecho, a los derechos. El asunto es más grave cuando afecta a cuestiones decisivas, que interesan no a una o unas pocas personas, o a un grupo, sino a toda la humanidad. La noción de crímenes contra la humanidad, en efecto, significa un tipo de violaciones tan grave que, frente a ellas, el grado de exigencia en su persecución y castigo eficaz debiera ser el mayor posible, porque, en caso contrario, el riesgo de pérdida de legitimidad del Derecho, de las instituciones, normas y procedimientos jurídicos, es irreparable. De ahí también la universalidad en la competencia para juzgar ese tipo de conductas. El auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es muy claro al afirmar la competencia de España, máxime en lo que se refiere a delitos "de trascendencia en todo el mundo y que afectan a la humanidad toda", y aún más si se trata de delitos como el de genocidio, pues España es parte del Convenio de 1948. En todo caso, y aunque la tipificación como genocidio pueda ser objeto de críticas doctrinales, es evidente que los hechos imputados y por los que se requiere la extradición de Pinochet constituyen por su gravedad infracciones respecto a las que no podemos ni debemos permitir, ni aún por omisión, la impunidad.

Por supuesto, la impunidad colisiona en no pocas ocasiones con la prudente necesidad de estabilidad social y política, sobre todo en Estados que, habiendo sufrido (cometidas por el poder político) violaciones gravísimas a los derechos humanos, deben realizar transiciones vigiladas a la democracia por parte de los antiguos verdugos, que aún conservan poder para echar marcha atrás. Se trata de un difícil equilibrio entre memoria y olvido, entre justicia y perdón. En algunos de esos países se ha optado por la difícil vía del perdón y de la reconciliación, sin que ello comporte imponer el olvido, pues el perdón sólo puede ser eficaz si arranca de la verdad. Esa vía tiene un coste social enorme a corto plazo, como estamos comprobando en Suráfrica, pero quizá asegura más la estabilidad. Otros en su día eligieron el camino del olvido, por la vía de las leyes de amnistía y punto final; se cerró así una etapa nefasta y se pudo edificar la democracia. Desde la ética de la responsabilidad a la que tan aficionados nos volvemos cuando nos encontramos en puestos de "mando", eso parecía la única solución inteligente y "madura", la mejor actitud política. Por lo que se refiere a Argentina, Ernesto Garzón publicó en su día en la revista Sistema un espléndido trabajo en el que explicaba, con estas y otras razones, su oposición a esas medidas. Creo que no sólo los profesores de Derecho, sino muchos de nosotros como simples ciudadanos, le estuvimos y estamos agradecidos por esa toma de posición. Somos también los mismos que agradecemos las iniciativas conducidas por la plataforma contra la impunidad en Chile y Argentina, el trabajo callado de tantos familiares y amigos de las víctimas, de muchos abogados que han contribuido a que los jueces españoles adoptaran esa decisión, que es una de las mejores lecciones de Derecho y de ciudadanía que los que estudiamos y trabajamos con el Derecho podíamos recibir.

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de València.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 1998