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Tribuna:

Efectos sin causa: sobre el 'efecto llamada'.

Parece abrirse paso, poco a poco, la necesidad de un debate sereno y riguroso sobre nuestro modelo de gestión de la inmigración. Un modelo que no existe todavía, en la medida en que no puede ser (sólo) nuestro, español ni, a fortiori, sólo autonómico. La ley orgánica 4/2000 podría ser un punto de partida, pero la impresión generalizada es que apenas se le va a dar oportunidad de acreditar sus supuestas virtudes y defectos. Con escasos seis meses de vigencia y trabajosa aplicación, está a punto de ser reformada y ni tan siquiera va a contar con un reglamento, tal y como exige su disposición final sexta. El Gobierno no tiene, al parecer, voluntad política de cumplir ese mandato legal de desarrollo, alegando el nada despreciable argumento de que esa reforma era parte importante del programa electoral respaldado por la mayoría y si se va a hacer la reforma, más vale no desarrollar lo que se va a cambiar. En todo caso, frente a la urgencia inicial, parece que se impondrá el viejo principio de que la prisa es mala consejera, sobre todo si la decisión a adoptar tiene trascendencia, como es el caso.Lo que querría señalar en estas líneas es una precaución modesta, casi una recomendación metodológica, sin pretensiones de aportación al complejo debate de fondo, que exige sesudas consideraciones. Se trata de llamar la atención sobre algunas circunstancias que podrían viciar el debate. Me refiero a la presencia de elementos previos de comprensión, disfrazados de evidencias, cuando en realidad son tomas de posición ideológicas que, como mínimo, debieran ser explicitadas como tales. Por decirlo de otra manera, para saber todos de qué discutimos es muy importante que no se disfracen como argumentos científicos, ni como hechos probados, ni como tópicos (en el sentido estricto del término) lo que son coartadas. Es decir, que habrá que llamar a las cosas por su nombre: a los prejuicios, prejuicios, que no razones. Creo que algo de esto puede pasar con el famoso "efecto llamada".

Ya antes de la aprobación de la ley, desde el Gobierno -más que desde su grupo parlamentario- se emitió la profecía descalificadora del "efecto llamada". Esta ley, desmedidamente altruista, fruto de una alucinación autista de quienes ignoran nuestros compromisos con Europa, arrastraría inevitablemente un incremento incontenible de la inmigración, convenientemente estigmatizado en términos de incremento de las mafias. un mensaje que llega más fácilmente en su connotación peyorativa. Apenas entró en vigor la ley se multiplicó la puesta en escena de esa "invasión", coreografía a la que han accedido buena parte de los medios de comunicación, que presentan noticias de detenciones e incremento de pateras -ahora rumbo a Canarias-, asociadas acrítica y monocausalmente a la existencia de la ley. De tomar en serio este mensaje, asistiríamos a un auténtico récord en la historia de la técnica legislativa. Nunca una ley tuvo tanta publicidad, tanto lector interesado. Si no fuera trágico, habría que ceder al chascarrillo de suponer como tema casi universal de discusión las ventajas ingenuamente concedidas en esta ley, desde las aldeas de Senegal y Mali, a los zocos de Fez, Tánger, Argel o Marraquech, las sierras de Ecuador y, al parecer incluso en los palafitos de Indonesia: en una vuelta de tuerca impensable para un país que siempre apostó por la apertura de fronteras (para los turistas que nos traían sus divisas y para los emigrantes que se iban a Europa a por ellas), las mafias -siempre de fuera, claro- habrían aportado un nuevo eslogan a aquellos trasnochados de "España es diferente": "vente para España, Mohamed/Mamadou/Lucrecia/Li, que allí atan los perros con longanizas".

La verdad es muy otra. Que hay un incremento significativo de los flujos migratorios puede ser -probablemente lo es- un hecho incontestable. Que sea el resultado de la entrada en vigor de la ley, está por demostrar.

Lo primero que hay que probar, para sostener el efecto llamada, es que se trata de un efecto inevitable de esta ley, no de cualquier ley. Porque si el problema es que las mafias engañan diciendo que la nueva ley va a reconocer como españoles con todos los derechos a cualquiera que ponga el pie en tierra de soberanía española, el problema no es de esta ley, sino de cualquier ley nueva, que será aprovechada torticeramente con ese fin, a poco que abra el reconocimiento de derechos, cosa que nadie parece discutir como elemento básico del régimen jurídico de inmigración. Cualquier nueva ley sería aprovechada para engañar con falsas promesas. Otra cosa es que se diga que esta ley reconoce "demasiados" derechos a cualquier tipo de inmigrantes y muy específicamente a los irregulares y que por eso genera la masiva atracción, es decir, que la respuesta a la pregunta ¿vienen más inmigrantes sólo porque saben que esta ley les da mas derechos? es afirmativa. Que eso lo cree el Gobierno, está claro. Que se puede discutir sobre el fundamento razonable de ese "amplio" reconocimiento de derechos, también. Pero que los inmigrantes que se embarcan en pateras lo hacen por su conocimiento del status jurídico inmejorable que los inmigrantes tienen ahora en España me parece un mal chiste. No hay tal relación, tal efecto.

En segundo término, el efecto llamada no está probado porque la relación causa/efecto que se quiere establecer entre la ley 2/2000 (insisto, cualquier ley) y un insoportable incremento de los intentos de inmigrantes por llegar a nuestro país está lejos de ser un hecho indiscutible. Ni siquiera lo es el carácter incontenible, desmesurado de ese incremento. Más bien esta segunda versión del efecto llamada es un ejemplo de lo que sabe cualquier aficionado de la argumentación jurídica acerca de los tópicos y las falacias.

La fuerza de los tópicos es que su alegato exime de la carga de argumentar. Como el tópico es resultado de una experiencia probada, basta aludir a él. Y como esto lo sabe cualquier experto en opinión pública, basta con repetir muchas veces que algo es así para que acabemos por aceptarlo evitando el esfuerzo de averiguar por qué. Se está esgrimiendo tanto el efecto llamada que ya no nos preocupamos de saber si es cierto. Y eso sucede también en los medios de comunicación que acaban por aceptar la trampa argumentativa (no me refiero a los que de entrada participan del "argumento", que los hay, y basta enchufar la televisión). Lamentabletnente, Valverdedelcamino -como casi todos los diarios nacionales- incurrió en esa trampa hace quince días: el titular de primera página (tres columnas) del sábado 27 de mayo decía: "España rechazó en 1999 a casi un millón de personas en las fronteras". Leída con atención la información, el texto desmentía ese titular. Como ha insistido Antonio Izquierdo, a la hora de hablar de flujos (de pasos, de detenciones) hay que explicar muy bien de qué se trata, y la verdad es que no son 1.000.000 de personas, sino, en todo caso, 1.000.000 de intentos, y eso es aún más claro en el supuesto de Ceuta y Melilla, donde se contabilizan 700.000 intentos y se reconoce (en la información de la página 21 el argumento se pone en boca de representantes de la Comisión Europea) que una persona puede llegar a intentarlo hasta cinco o seis veces en días distintos, y no digamos a lo largo del año, sobre todo en esas dos ciudades de África, donde los ciudadanos marroquíes, por ejemplo, tienen (¿cómo no?) más facilidades para pasar los puestos fronterizos, para comprar o vender o pasear, y todo ello sin recurrir a las mafias. Una media ponderada (y con menor vocación alarmista) nos situaría, pues, en 150.000. La verdad es que los flujos migratorios no van a detenerse de repente y que más bien la evolución previsible es su incremento en dirección a los países ricos -no en particular a España-, con o sin leyes.

Pero además, hay en todo esto del efecto llamada un problema de argumentación que lleva a incurrir al menos en dos falacias lógicas de las que ha denunciado una de nuestras mayores autoridades en el asunto, mi amigo Manuel Atienza, en un librito (La guerra de las falacias) cuya lectura contribuiría a la higiene mental de legisladores y políticos: la primera, aquello de post hoc, propter hoc: el que un hecho se produzca suceda después de otro, como enseñara Hume, no significa que sea resultado del primero, no basta para asegurar que éste sea la causa de aquél, como hemos visto antes. En el fondo, el efecto llamada acaba siendo como el cuento del aprendiz de brujo, es decir, una muestra de esa otra falacia que es el argumento circular o petitio principii, que suele estar presente en los argumentos pro domo sua. El efecto llamada no es la conclusión inevitable de una ley, sino aquello que desde el principio se incluyó en las premisas de la argumentación contraria a la ley. Tanto empeño en descalificar la ley, en probar los efectos perniciosos, acaba por crear alarma social donde no hay motivo. Esa invocación reiterada de que la ley es demasiado generosa acaba justificándose a sí misma, como se quería demostrar. Más vale discutir en serio si queremos asumir, por ejemplo, los costes de tomar en serio los principios del Estado de Derecho sobre la garantía judicial de los derechos frente al riesgo de arbitrariedad que generan las atribuciones discrecionales a la administración, o los de tomar en serio la universalidad de los derechos humanos, empezando por aquel de circular libremente en el que tanto creíamos cuando se trataba de criticar el telón de acero que impedía salir libremente al paraíso occidental o la jaula de hierro de la que trataba de huir la madre de Elián.

Javier de Lucas es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de junio de 2000