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La Policía disuelve por la fuerza a los manifestantes que rodeaban el Parlamento en Hong Kong

La presión ciudadana fuerza un aplazamiento de la polémica ley de extradición a China

Miles de manifestantes ocupan una calle cercana al Consejo Legislativo en Hong Kong, este miércoles. En vídeo, aumenta exponencialmente la represión policial en las protestas de Hong Kong.

Con abundantes dosis de gas pimienta, porras e incluso balas de plástico. Así ha disuelto este miércoles por la fuerza la policía hongkonesa la sentada de decenas de miles de personas, la mayoría muy jóvenes, que rodeaban el legislativo autónomo de Hong Kong para impedir la tramitación del proyecto de ley de extradición, que permitiría por primer vez la entrega de sospechosos a China y que ha desatado la ira de numerosos ciudadanos. Al menos 70 personas, entre manifestantes, periodistas y agentes de policía han resultado heridas, según los medios del territorio autónomo. El Parlamento ha aplazado, sin precisar hasta cuándo, la sesión para tramitar el proyecto de ley.

La jornada había comenzado con un tono jovial. Miles de jóvenes habían guardado vigilia desde la noche anterior para rodear el Parlamento. A medida que fue avanzando el día, los números aumentaron a las decenas de miles, hasta llegar a cortar algunas de las principales avenidas de la ciudad. Las escenas eran muy similares a las de las sentadas del Movimiento de los Paraguas que, hace cinco años, tomó el centro de Hong Kong durante casi tres meses para reclamar más democracia. El área ocupada era la misma. Muchos de los manifestantes también eran veteranos de entonces. Como aquella vez, de inmediato se ocuparon de establecer puntos de avituallamiento —bebidas y algo de comer, pero también mascarillas y gafas de buceo contra el gas pimienta, toallitas, rollos de plástico y paraguas— para detener la posible embestida policial. Como aquella vez también, algunos estudiantes aprovechaban para repasar sus apuntes; otros cantaban himnos; otros grupos se encargaban de recoger las basuras y del reciclaje.

Otras cosas habían cambiado: en lugar de organizarse en grupos de Facebook, o seguir las instrucciones de unos líderes claros, se ponían de acuerdo mediante mensajería encriptada; unos grupos en contacto con otros, y estos con aquellos. Algo que, según aseguran, les ha permitido organizarse mucho más rápidamente.

De vez en cuando, al unísono, un grito ensordecedor: “¡Chit Wuit! ¡Chit Wuit!” (“Retiradlo”, en cantonés, en alusión al proyecto de ley) o “¡Cha yau!” (“ánimo”) a los de primera línea.

Todo se desarrollaba pacíficamente. Incluso los suministros a las primeras líneas de la manifestación, allí donde los concentrados bloqueaban el acceso al legislativo, estaban perfectamente organizados. Los de delante pedían a gritos “agua”, o “mascarillas”, y los de atrás pasaban las bolsas, o las botellas, en perfectos relevos. Bebida el agua, o vaciadas las bolsas, se devolvían por el mismo sistema. Se notaba la práctica de hace cinco años.

Pero la policía también había aprendido de hace cinco años, cuando tras lanzar gas pimienta las protestas de unos cientos de estudiantes se convirtieron en la sentada de medio millón. Aquellas manifestaciones duraron casi tres meses.

“Veremos qué pasa esta vez. Temo que la policía sea mucho más dura”, apuntaba Sunny, un muchacho de gafas y aspecto frágil que aparentaba muchos menos de los 24 años que asegura tener, y que ya participó en las sentadas de 2014. No obstante, se mostraba animoso. “Es nuestra obligación estar aquí”, sostenía, mientras repartía carteles contra el proyecto de ley. “No sé si conseguiremos algo, pero por lo menos queremos que se oiga nuestra voz. Este proyecto de ley es peligroso. Significaría el final de las libertades en Hong Kong. Podrían detenernos y enviarnos a cualquiera a China”.

Los temores de Sunny sobre el comportamiento policial se demostraron fundados. Los agentes avisaron: “usaremos la fuerza”. Después de que, pasadas las tres de la tarde, grupos de estudiantes —algunos habían acumulado adoquines— intentaran forzar la entrada en el Parlamento, y después de que durante toda la jornada el Gobierno autónomo y los agentes llamaran a despejar la zona, la policía cargó.

En dos horas, la zona en torno al Parlamento quedó casi vacía de manifestantes. En cuatro, los agentes antidisturbios seguían usando los gases lacrimógenos para despejar las calles y avenidas adyacentes. Aunque los jóvenes continuaban agrupándose en otros puntos de la ciudad. A medianoche ya solo quedaban unas últimas barricadas en las cercanías del cuartel general de la Policía, que varios voluntarios se dedicaban a reforzar. La estación de metro de Admiralty, la más cercana a la "zona cero" de los enfrentamientos, permanecía cerrada desde la tarde.

“Creemos que actuaron entonces para que la gente no se sumara a nosotros a la salida del trabajo, y que les fuera mucho más difícil echarnos”, opinaba Alice, una joven que no quiso dar más datos personales y que se describía “triste y furiosa”.

Otros no se declaraban sorprendidos. El domingo, la policía ya había empleado la fuerza para disolver los coletazos de la manifestación de un millón de personas según los organizadores (240.000 según la Policía) que ocupó el centro de la ciudad para protestar contra la ley de extradición.

El jefe de Policía, Stephen Lo, aseguró que los manifestantes utilizaron “armas muy peligrosas, como barras de metal afiladas, tirándonos adoquines y barricadas". "Son actos muy peligrosos que pueden matar a alguien", sostenía.

La ministra jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, insistía en una declaración televisada en que  "claramente ya no era una reunión pacífica, sino la instigación pública y organizada de unos disturbios. No puede ser un acto que muestre amor por Hong Kong".

Los manifestantes aseguran que con el proyecto de ley peligra el principio “un país, dos sistemas” que otorga al territorio autónomo derechos y libertades desconocidos en la China continental y que el Gobierno central prometió respetar durante 50 años en 1997, cuando el Reino Unido devolvió la excolonia a la soberanía china. Pero desde entonces, afirman, China ha ido aumentando su interferencia en la gestión del territorio: el secuestro en 2015 de cinco libreros que publicaban volúmenes críticos con el Gobierno de Pekín, y que aparecieron bajo custodia china al otro lado de la frontera, es uno de los ejemplos más citados. Si continúa el proceso de absorción, opinan, la identidad hongkonesa acabará perdiéndose sin remedio.

Los críticos también recuerdan las dudas sobre el opaco sistema legal chino, supeditado al Partido Comunista y donde las organizaciones no gubernamentales denuncian casos de tortura, confesiones forzosas y unas leyes que permiten retener a los sospechosos en paradero desconocido sin acceso a un abogado.

El Ejecutivo que preside la ministra jefe Carrie Lam replica que ya ha modificado el proyecto de ley en dos ocasiones y que, para extraditar a los sospechosos que reclame China, exigirá garantías a ese país; la solicitud no podrá tener motivaciones políticas ni religiosas, e incluso si los tribunales autorizan la entrega, el Gobierno autónomo tendrá la última palabra. Pekín, que apoya rotundamente la medida, asegura por su parte que el país otorga “gran importancia” a la protección de los derechos humanos y acusa a “fuerzas extranjeras” de promover las protestas.

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