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COLUMNA i

Entre el saboteo y el control

¿Por qué el Gobierno colombiano desea restringir el acceso de la comunidad internacional a las zonas de reincorporación?

Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Francia, Emmanuel Macron.
Los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Francia, Emmanuel Macron. REUTERS

Me entregaron una carta, en ella se decía que para visitar determinados territorios la comunidad internacional debía pedir permiso al Gobierno. Por ejemplo, las visitas solo debían ser la segunda y cuarta semana de cada mes, entre los miércoles y viernes. Además, siempre la delegación internacional debía estar acompañada de personal del Gobierno y se debía especificar el objetivo de cada visita. Inicialmente, pensé que la carta se refería a un país de régimen comunista típico de la época de la guerra fría, pues todo estaba controlado y nada se dejaba al azar. Aunque también cabía la posibilidad de que fuera uno de esos regímenes inexpertos en el manejo de las relaciones internacionales y con propensiones neopopulistas. La segunda opción era la correcta.

La carta fue enviada por la cancillería colombiana a más de una decena de países, la mayoría pertenecientes a la Unión Europea. En ella, se establecía que la visita a los ETCR quedaba condicionada al control del Gobierno colombiano. Los ETCR son las zonas donde inicialmente se concentraron los exguerrilleros de las FARC para la dejación de armas; una vez se entregaron todas las armas, pasaron a ser zonas de capacitación y reincorporación de excombatientes. Igualmente, cuando ya no había armas, estas pequeñas zonas geográficas comenzaron a ser de libre tránsito, es decir, cualquier persona podía entrar o salir de allí. Desde ese momento, se acababan las condiciones de restricciones. De eso hace más de dos años.

Los diplomáticos están desconcertados con la carta, una sensación entre molestia y risa, pues este tipo de controles son comunes en regímenes autoritarios y además demostraba lo inexperto del equipo de la cancillería colombiana. En todo caso, la pregunta es por qué el Gobierno colombiano desea restringir el acceso de la comunidad internacional a estas zonas y controlar la información que de ahí sale. Son tres respuestas.

La primera, es que en los viajes del presidente Iván Duque, principalmente a Europa, el Gobierno colombiano hace un despliegue de agenda basada en el proceso de paz, ahí los integrantes del Ejecutivo manifiestan que van a cumplir, que Colombia ha mejorado y que seguirán cumpliendo y mejorando en los puntos de la implementación que atraviesan dificultades. Sin embargo, en el interior de Colombia, sus acciones se resumen en el saboteo al proceso de paz: torpedean la justicia transicional, sabotean el proceso de reincorporación e incumplen los puntos centrales del acuerdo como el tema de tierras o participación política. Además, la retórica contra la paz por parte de partido de Gobierno es demoledora y constante.

Como era de esperarse, a nivel internacional el presidente Duque está quedando como un mentiroso. Nadie le cree sus “esfuerzos por la paz de Colombia”, por el contrario, sus acciones son leídas como intentos de engaño. Debido a esto, el Gobierno colombiano necesita controlar la información que sale de los ETCR.

La segunda respuesta es aun más complicada. No debe olvidarse que uno de los principales sustentos del acuerdo de paz es la comunidad internacional, ellos son los que han girado dinero para los proyectos productivos de los exguerrilleros, ellos son los que verifican la “salud” del proceso de paz y son los que alzan la voz ante situaciones graves en materia de derechos humanos. Por ejemplo, los informes de asesinatos a líderes sociales, alrededor de 300 en menos de tres años, han dejado mal parado al Gobierno colombiano. Igualmente más de 120 excombatientes de las FARC han sido asesinados y varias zonas del país se encuentran en estado de guerra. La idea del Gobierno colombiano es aburrir a la comunidad internacional, para que los informes sobre Derechos Humanos no se repliquen más a nivel internacional.

La tercera respuesta es la más dramática, la intención del Gobierno colombiano es aislar a las FARC. Pareciera que para algunos miembros del Ejecutivo, ante la crisis de legitimidad del actual Gobierno de Duque, lo ideal sería revivir a las FARC. Revivir el fantasma de la seguridad y con ello subirían como espuma en las encuestas. Pero para este sector político, todo esto debe pasar sin que se deje la impresión de que el uribismo quiere revivir a sus eternos enemigos, más bien echarle la culpa al anterior Gobierno y a las propias FARC.

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