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Los emigrantes de la instalación bombardeada en Trípoli se niegan a entrar en otro hangar

El Gobierno libio estudia la posibilidad de cerrar todos los centros de detención de migrantes

Un migrante con sus pertenencias en el exterior del centro de detención bombardeado, el 3 de julio.
Un migrante con sus pertenencias en el exterior del centro de detención bombardeado, el 3 de julio. REUTERS

Decenas de emigrantes del centro de detención de Tayura, bombardeado el miércoles, duermen desde hace tres días a la intemperie y se niegan a entrar en otro hangar, tal como pretenden las autoridades del centro. “Si entramos será el fin para nosotros”, indicó uno de los refugiados a este diario mediante su teléfono móvil. “La próxima vez [que haya un bombardeo] nadie saldrá”. Otro emigrante añadió: “Solo nos podrán meter en el hangar por la fuerza. Pero no vamos a morir en las celdas”.

En Libia hay 25 centros de detención oficiales que albergan a 5.695 refugiados y migrantes presos, según Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. De ellos, 3.800 se encuentran en Trípoli. Las autoridades libias explican que la razón de que los migrantes estén privados de libertad es porque en el país está considerado un delito el entrar o salir del territorio de forma irregular. Muchos de los migrantes fueron detenidos en pleno mar por la Guardia Costera libia cuando intentaban llegar hasta Europa. La Unión Europea ha financiado a este cuerpo y viene formando a cientos de guardacostas libios desde 2017.

Los emigrantes y refugiados de Tayura están haciendo lo posible para intentar salir de un complejo militar en el que muchos de ellos llevan entre uno y dos años encerrados. Acnur también intenta presionar al Gobierno de Unidad Nacional libio para que los pongan en libertad. Pero el Ejecutivo libio se encuentra ante dos presiones antagónicas. Por una parte, las organizaciones humanitarias reclaman la liberación de los emigrantes. Y por otra, la Unión Europea exige un mayor control de la emigración irregular en las costas libias.

El ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional libio, Fathi Bashagha, declaró el jueves durante una reunión con la coordinadora humanitaria de la ONU en Libia, Maria Ribeiro: “El Gobierno está considerando el cierre de los centros y liberar a los inmigrantes ilegales para preservar sus vidas y seguridad”. El ministro asumió que su Gobierno es responsable de la seguridad de todos los civiles, incluidos los migrantes irregulares, pero encuentra imposible protegerlos ante los ataques de los aviones F-16.

El Gobierno de Unidad, basado en Trípoli y reconocido por la ONU, culpa del bombardeo aéreo a la aviación del mariscal Jalifa Hafter. Este militar de 76 años está considerado un héroe en Bengasi, su principal bastión, y un criminal de guerra entre muchos ciudadanos de Trípoli y Misrata.

Así como los migrantes se niegan a entrar en un hangar y de esta forma presionan para salir del centro de Tayura, el Gobierno de Unidad Nacional también presiona a la Unión Europea cuando dice que se plantea la posibilidad de cerrar todos los centros de detención. Cuando el ministro del Interior afirma que no puede proteger a todos los civiles frente a los bombardeos del mariscal Hafter, el mensaje implícito para la comunidad internacional es que se muestre más tajante frente al asedio que inició Hafter el 4 de abril contra la capital del país.

Hafter cuenta desde hace cinco años con el apoyo explícito de Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Pero, al iniciar su ataque a Trípoli encontró también una actitud comprensiva por parte del Gobierno francés y el apoyo explícito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien telefoneó a Hafter desde Washington el 15 de abril.

El saldo oficial de víctimas del bombardeo se elevó ayer desde 44 muertos, como se dijo en principio, a 55 muertos y 130 heridos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los refugiados consultados por teléfono siguen creyendo que el número de muertos es más elevado.

Mientras tanto, el Gobierno de Unidad Nacional no ha salido al paso de las acusaciones efectuadas por varios refugiados ante la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según la cual, algunos supervivientes contaron que los guardias del complejo militar dispararon contra los emigrantes que intentaban escapar durante el bombardeo. Uno de los refugiados declaró a este diario por teléfono que al menos dos emigrantes fallecieron a consecuencia de los tiros. De momento, no hay ninguna respuesta oficial.

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