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El fiscal general de Israel imputa a Netanyahu por soborno y fraude

El primer ministro se niega a dimitir tras la acusación y denuncia "un intento de golpe de Estado"

El primer ministro de Israel en funciones, Benjamín Netanyahu, este miércoles en Jerusalén. En vídeo, declaraciones del fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit.

En una decisión aplazada por dos procesos electorales consecutivos desde comienzos de año, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, imputó el jueves al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, por cohecho, fraude y abuso de poder en tres casos de corrupción investigados por la policía a partir de 2015. El líder del Likud, que no está obligado a dimitir de su cargo mientras no haya sentencia firme, se convierte en el primer jefe de Gobierno en ejercicio acusado de soborno en la historia del Estado judío. Si es declarado culpable puede afrontar una condena de hasta 10 años de prisión.

En su propio partido conservador han empezado a oírse voces que amenazan con darle la espalda si no se aparta de la política tras haber sido formalmente acusado por el fiscal general. La imputación se produce mientras el país se encamina a unas terceras elecciones generales, en pleno bloqueo político. Mandelblit ha tenido que aguardar a la celebración de dos comicios —en abril y septiembre— con resultados no concluyentes antes de presentar cargos. Nadie podrá acusar ahora al fiscal general de haberse entrometido en las elecciones.

Tras el fracaso de los dos principales candidatos a formar Gobierno —Netanyahu y el centrista Benny Gantz—, Israel acaba de entrar en un limbo político de tres semanas, con la Kneset (Parlamento) dejada a la deriva antes de una tercera convocatoria a las urnas.

A los 70 años recién cumplidos, la larga trayectoria política de Netanyahu entra ya en tiempo de descuento. El líder con quien se ha identificado a Israel en el mundo en los últimos tiempos emprende una navegación por aguas judiciales desconocidas hasta ahora en su país. Ningún primer ministro en activo —Ehud Olmert dimitió en 2009 en medio del escándalo público— había sido imputado hasta ahora.

El pasado diciembre la policía israelí hizo pública su recomendación de acusar al mandatario en un nuevo escándalo de corrupción, que se sumaba a otros dos ya investigados. Los agentes constataron en el denominado caso 1.000 que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales.

Anticorrupción también recomendó la imputación del primer ministro por el caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor de Yedioth Ahronoth, el diario de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a medidas legales que favorecieran la difusión del rotativo. En ambos casos la Fiscalía ha presentado cargos por fraude y abuso de poder.

En la investigación considerada más grave, el llamado caso 4.000, se han analizado durante tres años favores gubernamentales concedidos por Netanyahu que reportaron un beneficio fiscal de unos 250 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Bezeq. En contrapartida, esta compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro y de su familia el portal informativo Walla. Se trata de un escándalo demoledor, con intercambio de ventajas legales por favores mediáticos. La imputación de soborno es clave para acabar con la carrera política del veterano gobernante.

La policía anticorrupción y el órgano israelí equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores aseguran contar con indicios suficientes de que entre 2012 y 2017 “Netanyahu y su entorno más cercano intervinieron notoriamente y de forma regular en la redacción de los contenidos de la web Walla, al tiempo que influyeron en la designación de redactores y editores sirviéndose de sus estrechos vínculos” con los principales accionistas. El objetivo era publicar “artículos y fotos halagadores y suprimir el contenido crítico contra el primer ministro y su familia”.

Netanyahu acumuló el cargo de ministro de Comunicaciones entre 2015 y 2017, por lo que era también el máximo responsable político del marco regulatorio al que estaba sometido Bezeq, grupo empresarial que integra telefonía fija, Internet, móviles, medios de comunicación y una plataforma de canales de pago.

Antiguo asesor legal del Gobierno

“No hay lugar para el soborno y el fraude en la vida pública”, advirtió de entrada el fiscal general al anunciar la imputación de Netanyahu en una comparecencia ante la prensa. “Es un día triste para el país y para mí en particular”, enfatizó Mandelblit, un antiguo jurista militar que fue asesor legal del Gabinete de Netanyahu entre 2013 y 2016. “Pero también es un día importante para un Estado democrático”, remachó.

Más de 140 testigos, entre ellos ministros y altos cargos, han sido interrogados durante cerca de cuatro años en un sumario de más de 800 páginas redactado por un equipo de una veintena de fiscales. Los abogados de Netanyahu pudieron presentar alegaciones el pasado octubre en un trámite de audiencia abierto por la Fiscalía General.

Salvo que no tenga más remedio que aceptar un acuerdo judicial para cerrar todos los casos a cambio de su retirada de la política con penas de menor cuantía, Netanyahu se atrincherará previsiblemente en la inmunidad de la Kneset. Como primer ministro cuenta con un blindaje especial frente a las imputaciones, que no ampara al resto de los miembros del Gabinete. De ahí su insistencia en seguir siendo jefe de Gobierno para poder situarse bajo el paraguas de la ley básica (constitucional) de Israel.

El proceso penal puede durar años. Olmert, su predecesor en el cargo, tardó siete años en ser juzgado y condenado. Pero sin una clara mayoría parlamentaria, que el líder del Likud no ha podido apuntalar en dos repeticiones electorales, Netanyahu ha visto cómo se debilita el escudo que le garantiza inviolabilidad mientras no dicte sentencia el Supremo.

“Es una victoria para los guardianes [del sistema democrático] de Israel”, razonaba el columnista Anshel Pfeffer en Haaretz. “Han demostrado que, al margen de sus orígenes políticos —y Mandelblit no es precisamente un progresista— son capaces de obligar a rendir cuentas al hombre que ha concentrado más poder en sus manos en la historia del país”.

El exgeneral Gantz, con quien Netanyahu ha librado las dos últimas batallas en las urnas, coincidió también en que Israel vivió “uno de sus días más tristes” pero afirmó que el primer ministro ya contaba con “un mandato moral” para seguir gobernando.

"Investigar a los investigadores"

“Lo que ha ocurrido aquí ha sido una tentativa de golpe de Estado contra el primer ministro”, aseguró Benjamín Netanyahu en una declaración televisada. “Hay que investigar a los investigadores”, advirtió en una encendida intervención en la que acusó a policías y fiscales de haberse dejado “contaminar por la presión política” de la oposición para dar credibilidad a “falsas acusaciones”. “No pienso dimitir y seguiré al frente de los destinos de este país”, concluyó.

Para Netanyahu, la investigación ha sido una “caza de brujas” desencadenada por la izquierda israelí desde la policía y la prensa. Los abogados del primer ministro sostuvieron que no tuvo ninguna conexión con los negocios del grupo Bezeq, que resultaba socialmente permisible recibir regalos de amigos y que otros políticos antes que él se comunicaron con el editor del diario Yedioth Ahronoth.

En Israel, la policía y la justicia suelen actuar con notable independencia respecto del poder ejecutivo. A causa de sus actuaciones fue encarcelado durante cinco años el antiguo presidente del Estado hebreo Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales. Las pesquisas de los agentes también contribuyeron a mantener entre rejas durante más de 14 meses al exjefe de Gobierno Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción inmobiliaria por sentencia firme en 2016.

Después de haber batido el récord de David Ben Gurion, padre fundador del Estado de Israel, al haber ejercido como primer ministro más de 13 años (los últimos 10 de forma consecutiva), el líder del Likud se enfrenta ahora a una insumisión en su propio partido, donde uno de sus mayores rivales, el ministro Gideon Saar, ha pedido ya la celebración de elecciones primarias.

El extraño caso de los submarinos

A finales de 2018, la policía de Israel exoneró a Netanyahu en uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país. Sin embargo, los investigadores de la unidad antifraude recomendaron acusar a algunos de sus más estrechos colaboradores por el llamado caso 3.000: la compra de submarinos a los astilleros alemanes ThyssenKrupp para la Armada israelí por 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros).

El abogado personal y primo de Netanyahu, David Shimron; el ex jefe de su Gabinete interno David Sharan; el exministro de Infraestructuras Eliezer Zandberg, y un antiguo jefe de la Marina de Guerra, el almirante Eliezer Marom, figuraban en la lista de acusados presentada por la policía al fiscal general.

Pese al lodazal descrito por los agentes en su entorno, el primer ministro conservador salió aparentemente indemne —tocado pero no hundido de la larga investigación por el escándalo de los submarinos, en la que fue interrogado en varias ocasiones por el tráfico de sobornos en la adjudicación de los sumergibles.

La investigación policial del caso 3.000 se basó en el testimonio de un arrepentido. El representante de ThyssenKrupp en Israel, Michael Ganor, se libró de una dura condena después de aceptar colaborar con los agentes y convertirse en testigo de cargo. Reconoció haber entregado al almirante Morom 600.000 shequels (143.000 euros) por “aconsejar” la adjudicación a los astilleros alemanes de tres submarinos y cuatro patrulleras, y por pagar al abogado Shimron —a quien Ganor tenía precisamente en nómina en calidad de letrado— otros 270.000 shequels por “abrir puertas” burocráticas.

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