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Las críticas acorralan a la policía antidisturbios de Colombia

Los métodos del Esmad, que la noche del martes retuvo a una mujer en un vehículo sin identificación policial, tensan el debate político. La Procuraduría abre una investigación

Choques entre manifestantes y agentes antidisturbios, el martes en la Universidad Nacional.
Choques entre manifestantes y agentes antidisturbios, el martes en la Universidad Nacional. EFE

Un grupo de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) introduce a una mujer en un vehículo sin identificación policial. Era la noche del martes y en Bogotá acababa de terminar una jornada de movilizaciones contra el Gobierno colombiano en las proximidades de la Universidad Nacional, donde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La secuencia quedó registrada en dos vídeos difundidos en las redes sociales. La joven, María Fernanda Pérez Ramírez, sube a un coche de color azul, con matrícula HCI264, forzada por los uniformados. Desde otro vehículo, un ciudadano graba la escena y persigue el automóvil. Ante la presión, los policías se detienen y dejan bajar a la mujer, que afirma entre sollozos: "[Me dijeron que] me llevaban supuestamente para que no me agredieran más. Yo necesito devolverme. Es que yo no iba sola, iba con mi novio y a mi novio lo cogieron. Por favor".

Se trata del último episodio que sitúa en el ojo del huracán la actuación de esta unidad de la Policía, la misma que provocó la muerte hace dos semanas de Dilan Cruz, un estudiante que salió a manifestarse y que recibió un disparo en la cabeza. El joven se convirtió en símbolo de las protestas que comenzaron el pasado 21 de noviembre. Pero las circunstancias de su fallecimiento, que fueron calificadas por el Instituto de Medicina Legal como "homicidio", alentaron un intenso debate sobre los procedimientos de los antidisturbios. Los líderes sindicales y estudiantiles que encabezan las movilizaciones exigieron al Ejecutivo la desarticulación del Esmad y este miércoles la oposición llevó sus reclamaciones al Congreso.

La Policía Metropolitana de Bogotá defendió la operación. El comandante Hoover Alfredo Penilla aseguró que, pese a no tener identificación policial, "esos vehículos son institucionales, los funcionarios que iban allí son institucionales". "Como Policía podemos hacerlo y están a la luz pública", mantuvo en referencia a los métodos utilizados durante los bloqueos de vías. Aun así, reconoció que los agentes cometieron un error de procedimiento al parar el coche, ya que en su opinión, el policía, "debido a tanto cuestionamiento, se ve temeroso". 

Investigación de la Procuraduría

Sin embargo, la Procuraduría abrió dos indagaciones "relacionadas con aparentes abusos de los miembros de la Fuerza Pública, en casos que estarían relacionados con la presunta detención irregular de una ciudadana y la eventual agresión a un periodista". "La delegada para la defensa de los derechos humanos", informó el organismo, "indaga los hechos relacionados con la presunta detención de la ciudadana María Fernanda Pérez Ramírez".  "En un segundo proceso", informó el organismo, "la Procuraduría Primera Distrital abrió indagación por la denuncia que hizo en su cuenta de Twitter el periodista de RCN Radio, Daniel Arias Bonfante, quien aseguró haber sido golpeado por un miembro de la Policía Nacional cuando realizaba una grabación en el Centro de Memoria".

En la arena política, los cuestionamientos han llegado en las últimas semanas desde diferentes instancias. El senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino convocó para el próximo lunes una audiencia pública para debatir la oportunidad de su desmantelamiento, al considerar que "el Esmad se ha convertido en una fuerza policial que atenta contra la protesta". "Del Esmad pienso que debe ser desmontado como cuando se desmontó el DAS en tiempos de las chuzadas", escribió en Twitter en referencia al Departamento Administrativo de Seguridad suprimido por el expresidente Juan Manuel Santos tras un escándalo de interceptaciones realizadas al margen de la ley.  Y este miércoles el Parlamento comenzó a abordar el debate sobre el empleo de la fuerza por parte de las autoridades. Y el senador Iván Cepeda pidió explicaciones al jefe de la Policía por lo que muchos opositores calificaron de "intento de secuestro".

Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa tras la salida, hace un mes, de Guillermo Botero, fue llamado a un debate político en la Cámara de Representantes. Junto a la cúpula del Ejército, que no estaba citada, se presentaron Holmes y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y también el comandante de la Policía Nacional, Óscar Atehortúa. En el recinto, algunos congresistas pedían directamente el desmantelamiento del Esmad; mientras, los miembros del partido de Gobierno, el Centro Democrático, imprimieron otros carteles de apoyo al escuadrón. En las gradas, estudiantes y algunas víctimas exhibían pancartas con los nombres de detenidos.

Juanita Goebertus, representante de los Verdes, recordó que "esta es la movilización social más grande de los últimos cuarenta años".  "Como muestran las encuestas, esto genera incertidumbre pero también esperanza. Toda esta movilización implica un nuevo escenario operacional. El país cambió. Si no leemos ese cambio, quienes van a sufrir en términos de su propia seguridad jurídica son los miembros de la fuerza pública. Esta reflexión, que ya estuvo sobre la mesa durante la negociación con las FARC y no fue objeto de cesiones, es hoy más urgente que nunca.  "Creo que es momento de hacer un debate sobre la reforma al sector seguridad". Goebertus, que también reclama responsabilidades políticas por la actuación del Esmad, considera que "tiene que haber un seguimiento caso a caso", ya que "lo que está en juego no es solo la legitimidad de la democracia sino también la seguridad jurídica". María José Pizarro, de la Lista Decentes, pidió por su parte el desmantelamiento de la unidad antidisturbios.

Las movilizaciones de los sindicatos y el movimiento estudiantil, esencialmente contra la política económica del presidente Iván Duque, comenzaron el 21 de noviembre y desde entonces han logrado mantener activa la presión en la calle con tres paros nacionales, concentraciones vecinales y cacerolazos que tuvieron distinto seguimiento. El Gobierno se sentó con los líderes de las protestas y planteó una "conversación nacional" más amplia con todos los actores sociales. Sin embargo, el clima de tensión generado por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad aboca las conversaciones a un probable callejón sin salida.

1.024 detenidos en menos de tres semanas

CATALINA OQUENDO

La Campaña Defender la Libertad denuncia desde el 21 de noviembre hasta el pasado lunes la Policía había detenido a 1.024 personas, de las cuales solo 65 fueron con fines de judicialización. “Hasta el 9 de diciembre de 2019, se ha usado de manera generalizada el traslado por protección (Art. 155 Código de Policía) y el traslado por procedimiento policivo como un mecanismo de detención especialmente dirigido contra hombres jóvenes, con el objetivo de minar la protesta social. Aproximadamente, 962 personas”.

Las denuncias recopiladas por esta organización de derechos humanos, muchas de las cuales se ha conocido a través de videos en las redes sociales, formulan acusaciones gravísimas de torturas y hasta violencia sexual que  ahora deberán ser investigadas. “Fui trasladado al Centro de Atención Inmediata de la Policía con otros siete policías quienes nuevamente me someten a tortura, con bastones me golpean el rostro, y las manos a tal punto que terminan con fracturas. Cuando me ven casi inconsciente, me permiten salir del CAI. Una vez afuera fui auxiliado por la comunidad”, narra un joven. El diagnóstico médico- agrega el documento- señala que sufrió fracturas en huesos y una incapacidad de 45 días.

Uno de los casos más recientes es el de dos jóvenes que se manifestaban con unos carteles en el aeropuerto El Dorado. “Fueron obligadas a desnudarse y hacer cuclillas. Esto sobrepasa cualquier medida de necesidad se considere, y violenta el cuerpo de la mujer”, indica el documento de Defender la Libertad. Una de ellas asistió al debate político en la Cámara de Representantes y desde las gradas acompañó la sesión.

Alexandra González, abogada de la campaña Defender la Libertad dice que han identificado cuatro patrones en las actuaciones de la Policía antidisturbios. “Primero, encontramos el uso excesivo de detenciones administrativas, porque estas les permiten a los policías no tienen que presentar a las personas ante un juez. Y lo hacen a quienes están manifestándose o simplemente pasando por la zona. El mensaje es de aleccionamiento de que protestar está mal”, dice.

El segundo patrón- agrega - es la detención de personas incumpliendo las casuales que permite el código de Policía, sin respetar los procedimientos que indican que las personas deben ser entregadas a un allegado y, finalmente, llevadas a un Centro de Traslado por Protección (CTP). “Lo que vemos es que los están enviando directamente”. En tercer lugar señalan las demoras en presentar los detenidos ante las autoridades judiciales, por lo cual las personas pasan horas en vehículos por la ciudad. Y, finalmente, la violencia durante las detenciones. “Hemos encontrado personas que fueron golpeadas, desnudadas, amarradas, una de ellas tiene fracturas en sus dos manos por golpes. A una persona afro amenazaron con quemarla con galones de gasolina”, agrega González.

Según estos datos, seis personas presentan lesiones oculares y hay también denuncias de mujeres que han sido obligadas a desnudarse en los CTP. “Si es una requisa hay elementos tecnológicos para realizarla y no habría necesidad de desnudarlas. En algunos casos también hemos encontrado que las requisas las han hecho policías hombres”.

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