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Aumenta el rechazo al mundo político a los tres meses de la crisis en Chile

Producto el estallido social, la economía chilena solo crecería en torno al 1% en 2019

Protestas el viernes en Santiago de Chile
Protestas el viernes en Santiago de Chile Getty Images

Tres meses después del estallido social del 18 de octubre en Chile, que ha conjugado la masiva protesta pacífica con inéditos niveles de violencia, el rechazo al mundo político ha batido récord y arrasa con todos los sectores. La desconfianza hacia las instituciones ha aumentado drásticamente, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), recientemente difundida. Apenas un 7% confía en las empresas, un 6% en el Ministerio Público, un 5% el Gobierno, un 3% en el Congreso y un 2% en los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición de izquierda.

La popularidad del presidente Sebastián Piñera ha caído a niveles históricos en democracia: apenas un 6% aprueba la forma en que está conduciendo su Administración. La radiografía de este país que cambió representa un gran desafío para las autoridades, porque serán los propios dirigentes políticos y las instituciones quienes deberán conducir un complejo proceso para salir de la crisis, que contempla un plebiscito sobre una nueva Constitución en abril próximo.

 “La ciudadanía cree que todo se ha hecho bastante mal”, indica Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago. Sobre la baja popularidad del presidente Piñera, indica: “Es difícil saber si la gente estima que lo ha hecho mal porque no ha podido controlar el orden público o porque lo han intentado controlar con mucha violencia. Hay quienes sacan cuentan alegres diciendo que su respaldo está en el 6% por la represión, pero todavía no podemos hacer esa afirmación”, indica la experta en seguridad.

Para Dammert, sin embargo, lo que es posible concluir de acuerdo a los estudios de opinión que se han difundido en las últimas semanas –incluido el del CEP–, “es que la gente tiene la impresión de que Carabineros no ha dado el ancho para el problema”. Y profundiza: “La sensación que queda después de estos tres meses es que Carabineros, si no tiene gases lacrimógenos, agua con químicos o balines, no tiene un plan alternativo, lo que ratifica la necesidad de una profunda reforma en el sistema de seguridad”.

Los hechos de violencia han disminuido en el transcurso de estos tres meses. De acuerdo a cifras oficiales, los eventos que se consideran graves han bajado considerablemente y si al inicio de la crisis llegaron a los 350 diarios –como ocurrió el 20 de octubre–, en enero solo ha habido un día en que llegaron a 10 a nivel nacional (el pasado 10 de enero). No hay jornada, sin embargo, que no se registren detenidos. Desde el inicio del estallido, 22.747 personas han sido arrestadas, 1.096 de ellas solo en 2020. Del total, se han dictado 1.615 prisiones preventivas. Tampoco hay día que los registros oficiales no contabilicen agentes heridos: 3.821 a nivel nacional desde el 18 de octubre, 326 solo en este año que arranca. En estos tres meses se han producido cerca de 350 ataques a cuarteles de Carabineros, sobre todo en la capital. En el municipio de Renca, una zona popular del norponiente de Santiago, una misma dependencia policial ha sido atacada 20 veces. Mientras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha contabilizado 3.649 civiles heridos –405 en los ojos– y ha presentado 1.080 acciones judiciales ante los tribunales, cinco por homicidio.

El desorden público, sin embargo, no llega a los niveles de octubre y noviembre. Para Dammert, uno de los factores que ha influido en la disminución de la protesta “es el ánimo económico que está golpeando a la gente”. “Una va a la notaría y está lleno de trabajadores firmando finiquitos por despidos y el aumento del comercio ambulante deja a países como Perú como paraísos legales en comparación a lo que sucede hoy en Chile”, opina la académica.

Las turbulencias políticas y sociales han ensombrecido la economía chilena. Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, explica que el efecto del estallido “ha sido significativo en el ámbito de la economía real”. Lo ejemplifica: “Antes del 18 de octubre se esperaba que la economía creciera el cuarto trimestre en torno al 3% y, sin embargo, finalmente en este período el crecimiento estará entre -2% y -2,5%, es decir, tendrá una caída muy importante”. El economista indica que para 2019, se esperaba que Chile creciera en torno al 2,5%, pero luego del estallido, “el crecimiento esperado es en torno al 1% o algo por arriba del 1%, es decir, los últimos dos meses y medio del año significaron una caída del crecimiento total del año de cerca de un punto y medio”. Vergara informa que todos los componentes están cayendo, pero particularmente se ha resentido la inversión. Y entre los sectores más afectado, enumera: el comercio, turismo y los servicios.

El expresidente del Banco Central indica que, con menor crecimiento y mayores demandas sociales –muchas de las cuales han sido acogidas­–, Chile tendrá mayor déficit fiscal en 2020. “Ya se aprobó una reforma tributaria para financiar parte de eso y probablemente sean necesarios nuevos esfuerzos en materia tributaria para financiar los mayores gastos permanentes y reducir el mayor déficit fiscal”.

Pero el economista apunta a otro aspecto: los afectos del estallido en los activos financieros de Chile han sido bastante más moderados que lo esperado. “Es cierto que tuvimos una depreciación del tipo de cambio en torno al 7%, pero no fue descontrolada. Las tasas de interés, por otra parte, se han mantenido en niveles similares que antes de la crisis”. Vergara agrega que el riesgo país ha crecido relativamente poco “dada la revuelta social que se ha producido”: hoy está menos de 15 puntos base por sobre lo que estaba antes del 18 de octubre (estaba en 31 y actualmente está en torno a 45). “Seguimos siendo el país con mejor acceso a los mercados internacionales en América Latina”, indica el economista. “La visión desde el exterior que se tiene de Chile se ha mantenido relativamente positiva, pero obviamente va a depender de lo que sucede hasta adelante”.

Vergara se refiere a la evolución de la protesta y, sobre todo, de la violencia. Las autoridades tendrán una prueba de fuego el 27 y 28 de enero próximo, la fecha acordada por las universidades para repetir el examen de selección a los estudiantes que no pudieron rendir la prueba debido al sabotaje de agrupaciones de secundarios a comienzos del año. Enero y febrero, por otra parte, son los meses de vacaciones de verano en Chile, pero marzo podría activarse la movilización: comienza el año académico para escolares y universitarios, se conmemora el Día Internacional de la Mujer –que este 2020 promete ser especialmente activo–, y el Gobierno llega a la mitad de su mandato, el día 11. En marzo, a su vez, comenzarán legalmente las respectivas campañas con miras al plebiscito del 26 de abril, donde los ciudadanos decidirán si aprueban o no cambiar la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y, de ser así, la forma en que se conformará la convención encargada de redactar la nueva Carta Fundamental.

Chile vive un ambiente crispado tanto en lo público como privado. Dirigentes políticos de diferentes sectores y personajes de alta connotación han sido víctimas de las llamadas funas –manifestaciones masivas contra un sujeto en particular, tanto en la calle como en redes sociales–, mientras que uno de cada tres ciudadanos declara que el estallido social ha provocado tensiones en las familias, de acuerdo a la encuesta CEP. En estos tres meses, incluso en el Parlamento se han producido escenas que reflejan la intolerancia y la polarización de la sociedad chilena.

Un 67% de acuerdo con una nueva Constitución

R.M.

La mayoría de los chilenos (un 67%) aprueba la idea de cambiar la Constitución vigente de 1980, de acuerdo a la encuesta del CEP. “El proceso constituyente está en marcha y no va a parar. El acuerdo político para abrir el debate constitucional descomprimió y atenuó el malestar social”, indica Tomás Jordán, el abogado que coordinó el proceso constituyente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018). El 27 de diciembre el presidente Piñera firmó el decreto supremo que convoca a un plebiscito del 26 de abril, cuando le ciudadanía, junto con pronunciarse sobre la idea de aprobar o rechazar una nueva Carta Fundamental, decida sobre el mecanismo para cambiarla. Las opciones son dos: si una convención constitucional formada por un 100% de ciudadanos elegidos –como una asamblea constituyente– o una convención constitucional mixta, integrada en partes iguales por ciudadanos elegidos y parlamentarios. De acuerdo al sondeo del CEP, un 44% de los encuestados optaría por la primera opción y un 37% por la segunda. Para Jordán, ambas posturas “han tendido al empate, pero las dos son 100% legítimas”.

De ganar la opción de quienes aprueban una nueva Constitución, en octubre se elegirán a los integrantes de la convención. “En el plebiscito de abril y en todo 2020 en Chile se comenzarán a visualizar los tipos de Constitución que están en juego y la disputa política estará enfocada en los derechos fundamentales y sus garantías”, señala el abogado.

De acuerdo a la encuesta CEP, aunque un 55% de los ciudadanos apoya las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre pasado, un 78% indica que los políticos deberían priorizar los acuerdos por sobre sus propias posiciones para dar salida a la crisis. El 64%, en tanto, valora la democracia ante cualquier otra forma de gobierno, una posición que aumentó un 12% respecto de la medición pasada del mismo sondeo. De acuerdo al estudio, las razones más importantes que explican la manifestación pacífica son: la alta desigualdad de ingresos, las bajas pensiones, el alto costo de la vida y la mala calidad de la educación y la salud públicas.

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