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Interior prevé triplicar las resoluciones de asilo y refugio en 2019

Actualmente hay casi 68.000 expedientes pendientes que se sumarán a las nuevas solicitudes del próximo año

La cola ante la comisaría de Aluche, en Madrid.
La cola ante la comisaría de Aluche, en Madrid.

El número de solicitudes de protección internacional bate records en España. A falta de un solo mes para cerrar el año, 51.029 personas han presentado solicitudes de asilo: se ponen a prueba así las costuras de un sistema que se ha revelado obsoleto e insuficiente. Con un programa informático de 2006 y el mismo personal fijo desde que se creó en 1992 —60 plazas—, la Oficina de Asilo y Refugio se enfrenta a casi 20 veces más solicitudes que en 2012. En paralelo al incremento de llegadas de migrantes a las costas españolas, España se ha convertido ya en el quinto país con más solicitudes de asilo de la UE, solo por detrás de Alemania –que prácticamente triplica las cifras españolas– , Francia, Grecia e Italia. El Ministerio del Interior, que reconoció el “estado lamentable” de la Oficina, ha anunciado un plan de choque que promete acelerar plazos y resolver el triple de solicitudes el año que viene.

El impulso puede significar la resolución de entre 30.000 y más de 40.000 expedientes en un año, frente a los 13.500 de 2017 o los casi 10.000 de 2018. Descongestionar el sistema, sin embargo, no será rápido. Hay casi 68.000 solicitudes pendientes en los cajones a las que hay que sumar las que se registrarán el año próximo. Resolver un expediente tarda hoy una media de 252 días; ese plazo no debería exceder los tres meses. “La plantilla estaba mal dimensionada y eso ralentiza todo el procedimiento. La oficina no está colapsada. No ha trabajado al ritmo idóneo, pero no ha parado en ningún momento”, defiende la directora general de Política Interior, Carmen López.

La capacidad para estudiar y resolver, favorable o desfavorablemente, las demandas de asilo es fundamental para que se protejan los derechos de los solicitantes. La saturación del sistema, además, favorece el trabajo de las mafias, que se aprovechan de los plazos dilatados para introducir migrantes y garantizarles la estancia regular en España durante meses como demandantes de refugio.

El aumento de peticiones ha puesto en jaque el sistema. Incluyendo la red de acogida, gestionada por el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social a través de varias ONG. En Madrid, a los interesados en pedir asilo se les ha obligado a hacer colas de 24 horas al raso para conseguir una cita para 2020 con la que iniciar su proceso. Más de una decena de familias ha tenido que deambular entre asociaciones humanitarias e iglesias para encontrar un techo bajo el que dormir. Hay un gran porcentaje de solicitantes que, probablemente, no serán reconocidos como beneficiarios de protección internacional (en España solo se reconoce uno de cada tres casos), pero hasta que se justifique la denegación de su solicitud tienen derecho a ser asistidos por la red.

Mayoría de venezolanos

A pesar del pronunciado aumento de llegadas a las costas españolas (casi 60.000 personas), la mayoría de solicitantes de asilo no llegan a España en patera, sino con un billete de avión. Los venezolanos (36%), los colombianos (16%) y los sirios (5%) son las tres principales nacionalidades que firman las solicitudes. En la Unión Europea, sin embargo, el número de demandantes de asilo ha decrecido de 577.811 en 2017 a las actuales 570.120 peticiones.

El plan para desatascar la Oficina pasa por una oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas fijas, una oposición que no debe formalizarse hasta el año que viene. Mientras tanto, Interior ha convocado a 219 plazas de interinos para reforzar la plantilla. Estos deben compensar la salida de los 94 trabajadores que fueron contratados interinamente para asumir el volumen de las solicitudes durante la crisis humanitaria provocada por la guerra siria en 2015 y cuyo contrato expiró la primera semana de diciembre. "Estamos implementando medidas estructurales y no parches, como se había hecho hasta ahora", mantiene la Directora General.

La destitución de estos 94 interinos, sin embargo, está siendo dolorosa y polémica. La Administración, a pesar del atasco, interpreta que es ilegal prorrogar su contrato, pero los trabajadores han anunciado que llevarán la causa a los tribunales. Los funcionarios han denunciado que se sustituya a personal formado en materia de migraciones y con idiomas por trabajadores no familiarizados con un fenómeno complejo y delicado. “Sobre el papel está resuelto, pero en la realidad no. El plan de este Gobierno es a largo plazo. Pero a corto y a medio no tenemos solución”, defiende Alberto Víctor Lima, uno de los funcionarios interinos sustituidos. “Las bolsas de interinos están agotadas y aún hay que formar a los que lleguen. Yo tardé seis meses en trabajar de forma autónoma. Se harán incorporaciones en el futuro, pero como muy pronto será en primavera del año que viene”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aplaude el aumento de personal, pero advierte de la necesidad de “redimensionar el sistema”. “El foco no debe ponerse únicamente en los funcionarios o en cuánto se tarda en dar una cita. Lo importante es decidir si somos un país de refugio”, alerta Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de CEAR. “Seguimos manteniendo un perfil bajo de protección. No hemos desarrollado las reglas de nuestra ley de asilo y hay que garantizar aún el acceso a la protección con independencia del lugar de llegada”, defiende la abogada. “Tiene que haber un sistema que permita establecer la vulnerabilidad de las personas desde la primera entrevista”.

La saturación del sistema no es un fenómeno inédito en España, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. “Es algo común en todos los países que han tenido un aumento de las solicitudes de asilo. España llegará este año a cerca de 60.000 solicitudes. Es mucho. El sistema no se ha fortalecido tan rápido como era necesario”, criticó Grandi en una entrevista a Valverdedelcamino. “Es una cuestión de personal, pero es también una cuestión de procedimientos. Es posible acelerar ese proceso sin disminuir la calidad y las garantías de la atención”, añadió Grandi, “pero esto necesita recursos”.

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