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El Gobierno traza un plan para reducir un 50% la migración irregular

El Ejecutivo ha esbozado un proyecto que contempla evitar el patrullaje activo de Salvamento Marítimo en las costas mediterráneas

España se marca este año un objetivo ambicioso en la lucha contra la migración irregular. El Gobierno pretende reducir a la mitad el número de llegadas, que alcanzó un récord de 64.298 personas en 2018. Para ello, el Ejecutivo ha esbozado un plan que contempla evitar el patrullaje activo de Salvamento Marítimo en las costas mediterráneas, impedir que zarpen los barcos de ONG dedicados al rescate y presionar a Italia para que abra los puertos a los buques cercanos a su territorio.

Inmigrantes rescatados por la organización Open Arms el pasado 21 de diciembre.
Inmigrantes rescatados por la organización Open Arms el pasado 21 de diciembre.

La migración se ha convertido en una de las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las cifras del año pasado, que consagran a España como principal puerta de entrada a la UE a través del Mediterráneo, han propiciado un endurecimiento de la política migratoria. Los ministerios más concernidos por este fenómeno han elaborado un plan operativo cuyo objetivo consiste en recortar un 50% esos flujos, según confirman a Valverdedelcamino dos fuentes gubernamentales. Se trata de una meta muy exigente en un año que, de momento, ha arrancado con un fuerte incremento de las llegadas.

Los detalles fueron debatidos en una reciente reunión de la comisión delegada de asuntos migratorios, que lidera la vicepresidenta Carmen Calvo e integran los ministerios de Interior, Exteriores, Trabajo y Fomento. Una de las principales propuestas —pendientes del visto bueno definitivo— consiste en evitar que Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, patrulle activamente las aguas del Mediterráneo. Los barcos de esta entidad en ningún caso dejarán de atender naufragios, pero sí esperarán a las llamadas de alerta en lugar de mostrarse proactivos, según explican las fuentes consultadas.

La labor de Salvamento Marítimo se ha visto en los últimos años muy condicionada por los rescates de pateras. En 2017, último ejercicio del que existen cifras, sus profesionales asistieron a 1.211 pateras, con 23.135 personas rescatadas, de acuerdo con la información disponible en su página web. Esa cantidad supone el triple que en 2016 y representa el 64% de todos los auxiliados en el mar. El desglose entre actividades realizadas por Marruecos y por España demuestra que el grueso ha recaído hasta ahora en los medios españoles: de todos los rescatados, el 82% correspondió a actividades directas de Salvamento Marítimo y el resto, a la coordinación con Marruecos.

Más rescates marroquíes

El Ejecutivo intenta ahora ampliar el ámbito de actuación marroquí, de manera que sus guardacostas asuman más rescates. El área de responsabilidad que Salvamento Marítimo considera propia en la zona del Estrecho y del Mediterráneo es superior a la de Marruecos.

Las fuentes consultadas insisten en que España atiende todos los naufragios de los que se tiene constancia y que por eso, entre otros motivos, el índice de mortalidad en esas aguas es inferior al del Mediterráneo central. Un 1,7% de los casos acaban en fallecimiento en el caso de España, frente a un 28,5% en la ruta que desemboca en Italia, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones —dependiente de la ONU— de enero. También influye que la distancia entre Marruecos y España es inferior a que hay entre Libia e Italia.

La nueva directriz coincide con un apagón informativo relativo a los rescates de pateras que aplica desde principios de diciembre Salvamento Marítimo en su cuenta oficial de Twitter. El organismo ha dejado de realizar el balance informativo de rescates de migrantes por esta vía.

Más allá de esa medida, que requiere la colaboración de Marruecos, el Ejecutivo ha decidido negar los permisos para zarpar a los barcos de ONG cuyo objetivo sea el rescate activo de náufragos provenientes de aguas africanas. Esta política ya ha comenzado a aplicarse. El buque de la organización Open Arms vio denegado su permiso para navegar desde Barcelona hacia el Mediterráneo central a principios de mes. Pocos días más tarde, el Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, recibió una instrucción similar. En ambos casos, el argumento de fondo fue que las embarcaciones no reunían las medidas de seguridad necesarias para albergar un elevado número de personas rescatadas.

Junto a estas medidas, España seguirá ejerciendo presión a Italia para que cumpla con sus obligaciones europeas e internacionales y permita desembarcar en su territorio a los barcos que transporten migrantes. El Gobierno populista que lidera de facto Matteo Salvini rehúsa aceptarlos a no ser que cuente con el compromiso previo de otros países europeos de acoger a esos náufragos. España ha decidido no participar más en esos esquemas por la insolidaridad que muestra Italia en este terreno.

Marlaska pide una inmigración "ordenada"

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, abogó este martes en Guinea-Conakri por cooperar con los países de África para gestionar el flujo migratorio de forma "ordenada", al inicio de una gira que le llevará también a Gambia. "Los propios países africanos son los primeros interesados en que los controles migratorios existan, en que no haya ningún descontrol en esa materia porque son conscientes de que su juventud es el elemento esencial para el desarrollo de sus pueblos", dijo el ministro a Efe.

Grande-Marlaska abogó también por la necesidad de gestionar los flujos migratorios de una forma "ordenada", mediante una "cooperación franca y sincera" entre los países de origen, tránsito y destino. El ministro hizo estas declaraciones tras firmar un convenio de seguridad con el Gobierno de Guinea-Conakri —el segundo país de origen de los inmigrantes irregulares llegados a España por vía marítima—, donde se reunió con su presidente, Alpha Condé, y su primer ministro, Ibrahima Keira.

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