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El escándalo que erosionó al régimen franquista

Hace 50 años estallaba el 'caso Matesa', el gran litigio de corrupción de la dictadura que enfrentó a los falangistas con los tecnócratas del Opus Dei en el Gobierno

Juan Vilá Reyes (derecha), principal encausado en el asunto Matesa, junto a su esposa y su abogado, José María Gil Robles, a la salida de la cárcel de Pamplona, tras cumplir los días de condena que le quedaban en 1976.
Juan Vilá Reyes (derecha), principal encausado en el asunto Matesa, junto a su esposa y su abogado, José María Gil Robles, a la salida de la cárcel de Pamplona, tras cumplir los días de condena que le quedaban en 1976. EFE

El 23 de julio de 1969, cuando todo el mundo estaba convulsionado tras la llegada del hombre a la Luna, en España estallaba el caso Matesa, un escándalo económico que impactó de lleno en el seno del Gobierno y, para muchos, significó el comienzo del fin de régimen franquista. Un día antes, además, Franco había designado a Juan Carlos de Borbón como sucesor, con lo que trataba de dar normalidad a una situación que chirriaba por el enfrentamiento interno entre los azules, herederos de la Falange que no querían perder poder, y los tecnócratas, ligados a la organización católica Opus Dei, que habían logrado ganarse la confianza de Franco por su participación en el Plan de Estabilización de 1959 y los planes de desarrollo que habían permitido la recuperación económica.

El caso estalló cuando Víctor Castro Sanmartín, director general de Aduanas, presentó una denuncia contra Matesa, acrónimo de Maquinaria Textil del Norte SA, ante el Tribunal de Delitos Monetarios. La sociedad arrastraba una deuda de 10.000 millones de pesetas (unos 1.400 millones de euros de hoy teniendo en cuenta la inflación) con el Banco de Crédito Industrial (BCI) en préstamos que había recibido para financiar la exportación de telares sin lanzadera que luego resultó un fiasco. El organismo intervino la empresa, los créditos quedaron congelados y el principal accionista, Juan Vilá Reyes, representante de la burguesía barcelonesa, muy locuaz, conocido por ser el presidente del R.C.D. Español (entonces en castellano), fue encarcelado.

En realidad, y más allá de las incidencias económicas y actuaciones delictivas, la verdadera trascendencia del caso fue su repercusión política. El dictador, en su línea, no le dio mucha importancia en principio; pero la maquinaria de los azules, con Manuel Fraga Iribarne como principal fogonero, no dejó de funcionar e hizo que ardiera el sistema. El entonces ministro de Información y Turismo utilizó los medios del Movimiento y, al amparo de la Ley de Prensa de 1966 que él mismo había impulsado, permitió tratar el asunto con una libertad que dejó sorprendidos incluso a los más adeptos al régimen.

La firma arrastraba un agujero de 10.000 millones de pesetas con el BCI

Comisión de investigación

Fraga aprovechó la vinculación de Vilá Reyes al Opus Dei —siempre diría que no era miembro— y a los ministros económicos que pertenecían a la organización para saltar a la yugular de sus adversarios políticos. El proceso tomó cuerpo, no obstante, tras un Consejo de Ministros celebrado en A Coruña el 14 de agosto tras el que se destituyó a los responsables del BCI y se ordenó una comisión de investigación en las Cortes.

Lo que el impetuoso político no imaginaba es que, meses después (el 29 de octubre de 1969), el caso iba a suponer su salida del Ejecutivo en una maniobra muy a la gallega de Franco, quien tiró por la calle del medio y reformó de arriba abajo el Gabinete con la sustitución de 13 de los 18 ministros. “Pagaron los que habían sido desleales (los azules) y los que se equivocaron (los tecnócratas)”, según un observador que vivió los cambios de cerca.

Además de Fraga, que pasó a trabajar en Cervezas El Águila y luego fue enviado de embajador a Londres, fue depurado José Solís Ruiz, La sonrisa del régimen, que ocupaba la Secretaría General del Movimiento. Por parte de los tecnócratas, salieron Faustino García Moncó (Comercio) y Juan José Espinosa San Martín (Hacienda). También fue procesado el exministro de Hacienda (1957-1965) y, en aquel momento gobernador del Banco de España, Mariano Navarro Rubio, que defendió hasta su muerte la trama política del caso. Por su parte, el informe de las Cortes aportó unas conclusiones muy duras para los tres exministros que posteriormente serían encausados por negligencia por el Tribunal Supremo.

Fraga encabezó el ataque de los azules contra los ministros económicos

El informe también sacudía a Laureano López Rodó, ministro del Plan de Desarrollo, que no obstante continuó de ministro. Además, otros 10 miembros del nuevo Gabinete, llamado “Gobierno monocolor”, estarían relacionados, en mayor o menor medida, con la Obra. Entre ellos, Gregorio López Bravo, que pasó a Asuntos Exteriores desde Industria, de la que teóricamente dependía Matesa, y José María López de Letona (el Gobierno de los Lópeces). Asimismo, fue nombrado vicepresidente el almirante Luis Carrero Blanco, que defendía a los tecnócratas y que catalogó el caso como uno de los “cuatro problemas políticos que si no se resuelven en su conjunto con urgencia podrían erosionar nuestro régimen”.

El escándalo, en efecto, había erosionado el régimen. Matesa había sido fundada en 1956 y había logrado una aureola que permitió que en abril de 1969 el Gobierno le concediera la carta de exportador de primera categoría. Quizá fue esa la espoleta que la hizo estallar. Su éxito radicaba en que fabricaba y exportaba un telar sin lanzadera llamado Iwer, cuya patente había adquirido en 1957 a la francesa Ancet-Fayolle. Según se acusó, los telares eran vendidos a sus muchas filiales en el exterior y se almacenaban en lugares recónditos, mientras se beneficiaba de los créditos a la exportación y desgravaciones fiscales del 11%.

Todo era ficticio. Y tras la visita a España del ministro argentino de Industria se descubrió el pastel: solo se habían vendido 120 de los 1.500 telares que teóricamente se habían enviado a Argentina. Vilá Reyes recibió en mayo de 1970 una multa de 21 millones de pesetas por evasión probada de 103,5 millones; otra de 1.658 millones y tres años de prisión. 

Pero Vilá Reyes no fue el único damnificado. También fueron procesados sus colaboradores más inmediatos y muchos de los responsables del BCI, los denominados “hombres honrados” que fueron acusados de negligencia o cohechos por agilizar los trámites en la concesión de créditos oficiales.

Franco maniobró y cambió a 13 de los 18 miembros del Gabinete

En virtud del indulto de Franco de septiembre de 1971, concedido antes incluso de la confirmación de la sentencia (lo que es contrario a la ley), se le condonó el pago y el cumplimiento de una cuarta parte de la pena. En mayo de 1975, la Audiencia de Madrid lo condenaría por dos delitos de estafa por 8.933 y 590 millones de pesetas, respectivamente, por 417 delitos de falsedad en documento mercantil y cuatro de cohecho activo. Se le impuso una pena de 223 años de prisión y 9.600 millones de pesetas de indemnización. La condena fue confirmada por el Supremo en febrero de 1976; pero no tuvo consecuencias ya que Vilá Reyes, de cuya defensa se encargaba el histórico dirigente de la CEDA José María Gil Robles, fue indultado por el recién proclamado rey Juan Carlos I, saliendo de la cárcel el 2 de diciembre de 1975, tras seis años y medio.

Reacción de Navarro Rubio

También los tres exministros (Navarro Rubio, Espinosa San Martín, y García Moncó) quedaron libres por el indulto de Franco y, posteriormente, solo comparecieron como testigos. Este indulto llevó a Navarro Rubio a escribir El caso Matesa (Madrid, 1978), ya que consideró que no se le había dado opción a defender su inocencia. Navarro Rubio, que se mostró muy beligerante, escribió en Abc en 1988 que “jamás” se le comunicó nada relacionado con Matesa. “Algo explicable porque no parece que el gobernador del Banco de España pueda —y deba— conocer los problemas de todas y cada una de las empresas”, decía el exministro que había llegado al banco emisor en 1965 tras pasar por Hacienda. También defendió que Matesa podía decir “con toda la razón” que hasta el momento de la denuncia estaba al corriente de pago de sus préstamos y que era una empresa solvente, por lo que a su juicio habría podido arreglarse sin la intervención decidida en A Coruña. Asimismo, resaltó que Crédito y Caución, que había asegurado los créditos del BCI, no había puesto problemas.

Navarro Rubio: "Aparece como causa dominante la revancha  de Falange humillada por el Plan de Estabilización hecho por los tecnócratas"

Para Navarro Rubio, “existió un auténtico aplauso oficial a los perseguidores de Matesa dando a entender el reconocimiento público del Gobierno”. “Para mí es obvio que la politización fue la causa que desajustó la conducta del Gobierno, las Cortes, los tribunales, la prensa, la calle..., promoviendo un escándalo instigador de falsa factura, tormentoso, de mala especie”. A su entender, “aparece como causa dominante la revancha de la Falange humillada por el Plan de Estabilización realizado por sus oponentes tecnócratas”. “Se cruzan dos trayectorias, la de los antiguos defensores del nacionalismo autárquico de signo falangista y, de otro, la de los nuevos defensores de la apertura de España”, incidía.

Para algunos analistas, Navarro Rubio estaba llamado a jugar un papel determinante en la Transición. Otros sostienen que eso es jugar a la ciencia ficción. Él mismo sostenía que “hubiese propugnado una democracia participativa, que siempre he defendido. Hubiese sido otra democracia”. “Si el caso Matesa no hubiese transformado tan radicalmente nuestro contexto político, sin el cambio de tornas y la subsiguiente metamorfosis de la Falange, los acontecimientos estaban llamados a ocurrir de otro modo”, concluía.

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