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Un exembajador de España cobró de la trama Mercasa por mediar con el Gobierno de Angola

José María Castroviejo recibió 30.000 euros por desbloquear la deuda del Ejecutivo con una de las empresas

José María Castroviejo en 2008, cuando era embajador de España en Bosnia, durante una visita oficial al contingente militar español.
José María Castroviejo en 2008, cuando era embajador de España en Bosnia, durante una visita oficial al contingente militar español.

La trama del caso Mercasa en Angola, que el 25 de noviembre propuso juzgar el juez instructor José de la Mata, tiene otro protagonista que hasta ahora había pasado desapercibido. Se trata de José María Castroviejo y Bolíbar, diplomático que estuvo destinado en Angola como embajador de España entre enero de 2009 y junio de 2012. Castroviejo supuestamente cobró de Incatema, una de las empresas imputadas, 30.000 euros por mediar con el Gobierno angoleño para que este pagara la deuda que tenía con el consorcio de participación pública española CMIC, según el magistrado.

En el caso Mercasa de corrupción internacional se investigan los sobornos y las comisiones a conseguidores que pagó esta empresa pública que gestiona los mercados centrales españoles. Castroviejo “intervino en el proceso de desbloqueo de la deuda en desempeño de su tarea oficial como embajador y continuó posteriormente una vez cesado”, afirma De la Mata en el auto de pase a procedimiento abreviado, trámite equiparable al procesamiento. Cuando el embajador dejó de serlo, se ofreció a Incatema, una de las empresas que forman parte del Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), que había ganado el concurso para construir un mercado central en la capital angoleña, Luanda. “¡Ahora ya a cambio de precio y proponiendo ofrecer dinero a las autoridades angoleñas!”, destaca el juez –los signos de exclamación son suyos–.

Castroviejo no está imputado en el procedimiento, pero De la Mata destaca la “incompatibilidad existente para tal actividad dado su inmediatamente anterior cargo como embajador del Reino de España en la República de Angola”. La investigación ha desvelado que el exembajador creó una empresa apenas 18 días después de dejar su cargo. A través de esta mercantil mantuvo con Incatema una “relación profesional remunerada”. El análisis de los correos electrónicos enviados por los directivos imputados en la causa descubrió, entre otros, este mensaje de Javier Pardo de Santayana, directivo de Incatema, a Castroviejo: “Perdona que te insista pero creo muy necesario que vuelvas a insistir al ministro sobre la urgencia de resolver el tema de la deuda”.

El trabajo se realizó, añade el juez, porque el exembajador recibió en su recién creada empresa al menos un pago de 30.000 euros por sus servicios. En el correo enviado por Pardo de Santayana este deja negro sobre blanco cuál es el acuerdo entre ambos: “Estamos redactando un contrato mercantil entre tu empresa e Incatema para que puedas facturar conforme a dicho contrato, a final de mes, tal y como quedamos en nuestro almuerzo de Horcher”. En esta misma comunicación, el directivo resalta que el acuerdo “por ahora” es solo con Incatema ya que “el consorcio no quiere asumir nuevos compromisos de gasto hasta cobrar la deuda”. La cantidad acordada era de 10.000 dólares al mes.

Castroviejo, nacido en Pontevedra en 1942 y ya jubilado, estuvo destinado en las representaciones diplomáticas de Gabón, Países Bajos y Naciones Unidas. En 1999 fue nombrado cónsul general en Estambul. Su primer destino como embajador fue en Tanzania en 2001. En 2006 pasó a Bosnia-Herzegovina y finalmente a Angola, donde fue nombrado por el entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos.

Castroviejo “participó directamente a cambio de dinero en estas negociaciones paralelas irregulares”, concluye el juez. Esas negociaciones incluían al conseguidor de Mercasa (y también de Defex, otra empresa de control público investigada en la Audiencia Nacional por pagar sobornos), Guilherme de Oliveira Taveira Pinto que era quien lideraba las gestiones con el Gobierno angoleño para cobrar la deuda. El CMIC llevaba desde 2011 negociando para cobrar el impago que mantenía la Administración angoleña desde 2010 y que ascendía a casi 20 millones de euros. La deuda, apunta el juez en el auto, pudo tener origen en los cambios de responsables del departamento gubernamental que gestionaba la creación del nuevo mercado central.

Pero también pudo tener que ver con el retraso en los pagos una investigación de las nuevas autoridades “por supuestos actos de malversación y corrupción”. Uno de los correos intervenidos señalaba que Taveira había corrompido a los gestores anteriores. Taveira está huido de la justicia y no ha sido imputado en la causa.

Este periódico ha tratado, sin éxito, de ponerse en contacto con Castroviejo para recabar su versión de los hechos que relata el juez De la Mata en su auto.

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