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Los 19,5 millones de la trama Púnica que la justicia olvidó embargar

La Fiscalía pide bloquear bienes y cuentas a un empresario acusado de pagar comisiones a Granados y otros alcaldes

Fachada del edificio de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.
Fachada del edificio de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. EFE

Una decena de inmuebles, seis parcelas agrarias, una finca de más de 300 hectáreas, 11 cuentas bancarias y dos coches de alta gama. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, que proceda al embargo urgente de todos estos bienes, propiedad de uno de los imputados en la causa, el empresario Alfonso Ferrón del Río, su esposa, Ana Laguía, y la sociedad patrimonial que ambos poseen, Ferrón Laguía SL. La Fiscalía hace la petición tras percatarse de que, tras más de cinco años de investigación, solo se les habían bloqueado dos viviendas con un valor catastral total de 275.000 euros y tres cuentas con 81.000 euros de saldo.

Anticorrupción pretende con esta medida asegurar los 19,5 millones de euros que presuntamente se embolsaron este empresario y su entramado societario por su irregular mediación en la construcción en suelo público de una veintena de colegios concertados, principalmente en la Comunidad de Madrid, según la investigación. En su escrito, la Fiscalía reclama al magistrado “una vigorosa acción de recuperación de activos” al haber detectado que desde que se inició la causa, en 2014, hasta noviembre de 2018, el matrimonio había vendido “numerosas propiedades inmobiliarias”, además de dos vehículos. El empresario aseguró ayer a Valverdedelcamino que tiene “la conciencia tranquila” porque afirma haber declarado todo al fisco y no haber cometido ninguna irregularidad.

La petición de la Fiscalía se produce después de que la Agencia Tributaria remitiera en octubre a la Audiencia Nacional un amplio informe sobre las empresas de Ferrón y sus supuestos vínculos con diferentes empresarios y políticos de la trama Púnica, entre ellos el exconsejero madrileño Francisco Granados. El documento de Hacienda apunta a que Granados recibió presuntamente una comisión de 660.000 euros cuando era alcalde de Valdemoro (Madrid) por facilitar la construcción en su municipio de dos de los colegios bajo sospecha. La Agencia Tributaria detalla los millonarios beneficios que Ferrón consiguió mediante el “engaño y abuso de confianza” de los cooperativistas a los que ofrecía sus servicios para superar los trámites de construcción del colegio y de concesión del concierto económico, según destaca Anticorrupción. Por cada centro escolar, la trama supuestamente se embolsó 900.000 euros.

La Fiscalía admite en su informe que, hasta la fecha, y pese a llevarse más de cinco años de investigación, la justicia solo había adoptado medidas cautelares respecto a una de las sociedades de Alfonso Ferrón, Alfedel SL, que era la que utilizaba para gestionar los fondos de los cooperativistas que terminó saqueando en su propio beneficio y en el de otros imputados en el caso Púnica. Según el informe, estos fondos eran luego desviados a Ferrón Laguía SL, la sociedad patrimonial que el empresario había creado en junio de 2006 con su esposa. A través de ella, el matrimonio invertía el dinero en la compra de inmuebles y vehículos de lujo, además de servirle de instrumento para asignarse elevados sueldos mensuales tanto para ellos como para otros miembros de la familia. Solo en 2007, el matrimonio se repartió por este sistema cerca de un millón de euros como salarios. Ese mismo año, la sociedad ingresó 7,7 millones de euros.

"Ganancias ilícitas"

La investigación de la Agencia Tributaria también ha revelado que Ferrón y su esposa siguieron recibiendo fondos a través de esta compañía incluso después de que el propio Alfonso Ferrón declarase como imputado en febrero de 2015 en la Audiencia Nacional. Así, ese año la mercantil declaró haber recibido 264.000 euros; en 2016, 103,350; los doce meses siguientes, cerca de 400.000 euros; y el año pasado 976.000 euros. Las pesquisas apuntan a que la facturación que el empresario realizó para justificar estos movimientos de dinero “fue presumiblemente simulada”, por lo que Anticorrupción considera que los 19,5 millones de euros que ingresó Ferrón Laguía SL son “productos del delito” y, por tanto, “ganancias ilícitas” fruto de los delitos de “estafa, malversación, cohecho, apropiación indebida y blanqueo”.

El estudio de las finanzas del matrimonio ha revelado también que adquirió con estos fondos tres inmuebles en Ciudad Real, un garaje y una vivienda en Noja (Cantabria), cuatro pisos en un bloque de viviendas en Valdemoro y un chalé en la misma localidad. Además, se hicieron con seis terrenos agrarios en diferentes localidades de Ciudad Real y una finca de 3,1 millones de euros con dos edificaciones, una pista de tenis y una piscina en Villamanrique (Ciudad Real). Esta última es valorada por los técnicos de Hacienda en 4,2 millones de euros. Anticorrupción pide ahora su embargo provisional.

La Agencia Tributaria también ha localizado 11 cuentas bancarias en ocho entidades financieras. El informe también detalla que Ferrón vendió en 2018 dos vehículos de alta gama —uno de ellos un Porsche Cayenne— y adquirió a principios de ese año y a finales de 2017 otros dos. Anticorrupción pide al juez que estos dos últimos automóviles sean usados por la Guardia Civil durante la investigación.

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