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César Strawberry, cantante de Def Con Dos, defiende en el Congreso su derecho a ofender

Jueces y expertos se pronuncian contra el plan del Gobierno de penalizar la apología del franquismo

Cantante de Def con Dos
César Montaña Lehman, Antonia Ávalos Torres y Darío Adanti, este jueves en el Congreso.

El cantante de Def Con Dos, César Strawberry, defendió este jueves en el Congreso de los Diputados su derecho a la libertad de expresión y también de ofensa. Strawberry está pendiente de un recurso de absolución por parte del Tribunal Constitucional de su condena a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento de terrorismo. La vista se ha aplazado otras dos semanas. El cantante ha sido uno de la quincena de ponentes que han participado en la Cámara en una jornada dedicada a los cinco años de la ley mordaza. La mayoría se pronunció en contra de la tipificación de nuevos delitos de enaltecimiento del franquismo, como pretende el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y alertó contra el desaliento que están provocando en diversos estratos de la sociedad las crecientes restricciones sobre los discrepantes.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha elaborado un contundente informe sobre la adecuación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión de determinados preceptos del Código Penal español y aprovecharon la jornada desarrollada en una sala del Congreso para mostrar a los partidos políticos algunos incumplimientos constatados. Especialmente en las normas que ahora regulan delitos de terrorismo y enaltecimiento del terrorismo (artículos 573, 578, 575 del Código Penal), odio (510), calumnias (205 y 206), injurias a la Corona (492 a 494), ofensa de sentimientos religiosos (524 y 525) o revelación de secretos. La PDLI pide derogar ya, tras cinco años en vigor, la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza.

En el transcurso de las charlas, el diputado de Vox y víctima del terrorismo de ETA Francisco José Alcaraz se acercó hasta la puerta de la sala donde estaban reunidas medio centenar de personas  para expresar su "indignación" por que el Gobierno y el Congreso hayan permitido "la vergüenza" de intentar "normalizar" que "un personaje" como César Strawberry "insultase y humillase a las víctimas" en la sede de la soberanía nacional. Alcaraz recitó allí algunas de las letras más polémicas de Def Con Dos, como “a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora” o "regalaría al Rey un roscón bomba".

César Montaña Lehman, conocido por su nombre artístico, César Strawberry, fue condenado por el Tribunal Supremo por unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014, en los que hacía comentarios como estos: “El fascismo sin complejos de [Esperanza] Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO”; “Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado”. El Constitucional tenía previsto estudiar esta semana el recurso del cantante , pero ha aplazado esa vista de nuevo dos semanas.

Strawberry se presentó en el Congreso de vestido de negro, con su perilla, sus gafas de pasta y su sentido del humor muy irreverente. Agradeció las airadas protestas de Vox por darle más publicidad a sus exposiciones y censuró la "preocupante intolerancia contra la opinión ajena" y los juicios excluyentes, especialmente en las redes sociales: "Lo que no me gusta a mí no debería decirse y tú no lo deberías escuchar". Frente a eso, echó mano de un dicho del colegio: "Habla chucho que no te escucho".  El líder de Def Con Dos piensa que en España ahora hay demasiados ofendidos: "Parece que ahora estar ofendido mola y eso es peligroso porque es el germen de la intolerancia y el fascismo".

La sesión de este jueves en el Congreso sirvió, sin embargo, para constatar un malestar de muchos expertos sobre los intentos reguladores y coercitivos de la libertad de expresión en España y, en particular, sobre los confusos intentos de criminalizar y restringir cada vez más los ataques verbales y de opinión. "La sátira política no es menos importante para una democracia que el discurso político protegido", destacó Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III.

Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, aludió con sorpresa directamente a las quejas de Vox contra la posibilidad de intervenir de algunos ponentes de las jornadas "en el templo de la palabra" y concluyó: "La libertad de expresión también está para ofender, porque el ordenamiento jurídico no protege el mal gusto". César Strawberry respaldó esa idea con su propia sentencia: "En democracia el mal gusto es un derecho y por tener mal gusto no se tiene que perseguir a las personas".

Antonia Ávalos Torres, activista, trabajadora social y cocreadora de la performance el Coño Insumiso, relató emocionada su caso y sus problemas y críticas recibidas tras salir a la calle en Sevilla el 1 de mayo de 2014 con un gran "dispositivo estético feminista" en forma de vagina. "El único terrorismo que existe vivo en España es el que acaba con una mujer cada dos días", sentenció.

El juez González Vega, y en general la decena de expertos convocados, se manifestó contra la ampliación de los delitos de enaltecimiento y apología del franquismo. La mayoría subrayó que los límites a la libertad de expresión están fijados por la Constitución y que solo deben perseguirse casos muy precisos y que puedan suponer incitación a cometer delitos. La letrada del Tribunal Supremo Marta Timón alertó sobre el "incremento de hiperreactividad ante conductas que hace unos años se insertaban en la libertad de expresión o artística" y lo corroboró con datos sobre el mayor número de condenas penales por esos delitos.

Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, incidió en esa misma línea de crítica a la ley mordaza y subrayó el crecimiento exponencial de las faltas contra el orden público: de las 1.765 registradas en 2014, el año antes de aprobarse la ley de Seguridad Ciudadana, a las 21.258 sancionadas en 2018.

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