Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Poder Judicial revisa los fallos del caso de Itziar Prats, cuyas hijas fueron asesinadas por su padre

La familia reclama al gobierno de los jueces que compruebe la actuación del Juzgado de Violencia 1 de Castellón, que no escuchó a las menores ni ordenó su protección

Al fondo, Itziar Prats teje mariposas. En vídeo, la historia completa.

Itziar Prats ha conseguido que mucha gente importante lleve las mariposas moradas que teje para recordar a sus dos hijas, Nerea y Martina, asesinadas por su padre el 25 de septiembre de 2018 cuando tenían seis y dos años de edad. Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las mostró en su cuenta de Twitter el pasado 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, con el siguiente mensaje: “Él amenazó con matarlas. Itziar denunció pero algo falló. Debemos volcarnos en la protección a las mujeres y menores víctimas de Violencia Machista. No podemos volver a fallar". El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido la última instancia que se ha sumado para revisar los posibles fallos.

Al tiempo que teje y reparte mariposas (ya se cuentan por miles), Prats va llamando a distintas puertas oficiales con su abogado, Gabriel Rubio, y presentando denuncias para que se revise el caso y se depuren responsabilidades. Ella denunció en varias instancias el riesgo que corrían sus hijas tras las amenazas que recibió del padre. Lo dijo en el Centro de la Mujer de Castellón, en una comisaría, en un juzgado de guardia y en el Juzgado de Violencia número 1 de Castellón. La familia ha pedido responsabilidades al Gobierno, en concreto a los ministerios de Justicia e Interior, por no proteger a las menores. Ambos ministerios han abierto ya expediente.

También ha acudido al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, a denunciar la falta de atención en el juzgado, al que presentó pruebas que no fueron revisadas y donde no se escuchó a las menores. El organismo va a revisar el caso, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario. “Mi representada ha perdido a sus dos hijas, y tiene derecho a quejarse ante el Consejo General del Poder Judicial por el trato recibido en el Juzgado de Violencia 1 de Castellón”, señala el escrito enviado el 23 de septiembre. En él enumeran las distintas cuestiones que consideran que se pasaron por alto. El cónyuge, Ricardo Carrascosa, mató a sus hijas en su domicilio, donde las dos niñas dormían porque esa noche le correspondía el periodo de estancia fijado en las medidas provisionales acordadas en el procedimiento de divorcio. Después de matarlas, se tiró por la ventana y se suicidó.

La queja se centra en “la falta de cumplimiento” por parte del Juzgado de Violencia 1 de Castellón de lo que fija el Convenio de Estambul (el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica), ratificado por España en 2014, además de otros acuerdos, como la Convención de los Derechos del Niño y las peticiones del Defensor del Pueblo para que se atienda a los menores víctimas de violencia machista.

El Convenio de Estambul, que España había firmado cuatro años antes del asesinato de las niñas Nerea y Martina, instaba a los Estados firmantes a adoptar medidas legislativas “para que las autoridades pudieran llevar a cabo una valoración del riego de letalidad así como extender las medidas de protección a los menores expuestos”, recoge la queja. En el caso de Itziar Prats, ni se valoró el riesgo de letalidad ni se escuchó a sus hijas. El protocolo policial que valora el riesgo de las víctimas de violencia machista se modificó después de este caso para incluir ambos aspectos. De hecho, la valoración que estableció ese protocolo cuando ella acudió a comisaría fue “riesgo bajo” y no se concedió orden de protección. En los juzgados aún no están garantizadas las unidades de valoración forense que permiten hacer esos exámenes a los menores.

“Por el juzgado no se oyó a las menores, por el juzgado no se exploró a las menores, y la actuación de los servicios psicosociales brillan por su ausencia”, relata la queja, a la que el CGPJ respondió el pasado octubre. El escrito recuerda además que Prats había pedido al juzgado medidas de protección, en las que incidía en que se debía garantizar la seguridad de las menores “como destinatarias finales de las amenazas denunciadas”.

En el escrito, el abogado incide en que “no existían las menores en lo actuado en el Juzgado de Violencia de Castellón. No existen las menores ya”. Itziar Prats presentó como prueba audios que grabó a su expareja. Contó que había recibido “amenazas gravísimas”, la denuncia de malos tratos a sus hijas y episodios de violencia en presencia de las menores. En los audios se escuchaban frases como “al final vamos a acabar todos muertos y yo en la cárcel” o “te voy a quitar lo que más quieres” . Cuando Prats le preguntó si estaba amenazando con matarla a ella, él contesta: “No, a ti no, en ti no voy a gastar ninguna energía” o “tú ya estás sentenciada”.

La "proyección de la culpa" sobre la madre

Hay una cuestión que la juez del caso incluyó en sus valoraciones que causó un especial daño a Itziar Prats y por la que pide además una explicación al Poder Judicial. Cuando tramitaron el divorcio, Prats se marchó del piso conyugal a otro que estaba cerca, a apenas unas calles. La titular del Juzgado de Violencia de Género 1 de Castellón entendió que mudarse a una residencia tan cercana no era compatible con el miedo que ella había manifestado sentir.

Esa afirmación “proyecta sobre Itziar el sentimiento de haber hecho algo mal", señala el escrito de queja presentado por Prats, que explica que la mujer entendió que esta decisión estaba detrás de que no se le concediera la orden protección que había solicitado, dando a entender "que de haber fijado su domicilio a mayor distancia que el del padre de sus hijas, entonces sí se habría adoptado la orden de protección”.

Y añade: “Sería igual si el domicilio estuviera a 10 o a 100 kilómetros. Las niñas pernoctaban con él y estaban a solas con él cuando le correspondía, y eso era lo que se quería evitar, y fue precisamente cuando pernoctaban con él cuando las mató”. Según el escrito, este hecho añade “la proyección de la culpa” al dolor por la pérdida de sus hijas. “Es de una crueldad infinita”, señala el abogado en su escrito. “Itziar necesita que algún responsable del Poder Judicial la reciba, y le diga que el hecho de haber fijado su domicilio cercano al de su esposo, antes de recibir las amenazas, no es la causa de que no se acordara la orden de protección solicitada, y que por tanto ella no es responsable de que tal medida no fuera acordada, ni que por tanto es responsable de nada más”.

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >